El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez Álvarez, reconoció que se analizaron las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles ‘operaciones con recursos de procedencia ilícita’.
«La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República (que) ha abierto ya una carpeta de investigación”.
Desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que la UIF ‘detectó un esquema’ donde el expresidente ‘obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales’ por un monto total de 26 millones mil 429 pesos.
Las operaciones se hicieron en tres momentos: el 21 de agosto de 2019, el exmandatario recibió 16 millones de pesos; y dos de 5 millones de pesos cada una el 20 y 29 de octubre de 2021.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España; además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques».
Pablo Gómez explicó que la familiar registró retiros en efectivo por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos, entre el 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.
El titular de la UIF indicó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas, de las que no reveló los nombres, ambas con irregularidades fiscales y financieras.
“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”.
En una de las empresas, el expresidente Peña Nieto comparte calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizaron operaciones por montos elevados.
La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar ‘venganza’ o ‘perseguir’ a sus predecesores.
En su conferencia, el actual mandatario aseveró que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas ‘expuestas políticamente’, pero pidió ‘no hacer juicios sumarios’.
«No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo».
AMLO recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.
Con información de EFE
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