Uno de los principios de cualquier mercado funcional es que debe tener total transparencia.
Si hay información se pueden tomar las decisiones adecuadas, necesarias para desarrollar al propio mercado. El principal beneficiario de contar con la información es el usuario mismo, aunque también las empresas que participan.
Pero cuando no se hacen las cosas bien como administrador del mercado, labor que en el caso eléctrico hace el Estado, y además hay yerros mayores en la planeación, la información pública se vuelve un delator natural. Un gobierno autoritario tenderá a bloquear la información o limitarla.
La actual administración federal ha sido especialmente agresiva contra la información pública, al grado de maniatar al Instituto de Nacional de Acceso a la Información desde el Senado, como sucede hoy en día. Y el sector eléctrico no ha sido la excepción.
Durante la ola de calor que impactó en las semanas pasadas a nuestro país, los medios de comunicación dieron difusión a los Estados Operativos del Sistema Eléctrico, emitidos por el Centro Nacional de Control de Energía. Estos estados existen prácticamente desde que existe el CENACE y lo que hacen es advertir a los interesados de situaciones anómalas que tiene el Sistema Eléctrico Nacional.
Es necesario decir que un Estado Operativo del Sistema Eléctrico no significa un apagón, ni que necesariamente vaya a suceder algún problema para los usuarios; sin embargo avisa de problemas puntuales y riesgos del sistema. Hacer una revisión sistemática nos avisa las zonas emproblemadas y por lo tanto donde es necesario realizar inversiones, realizar fortalecimiento de la red eléctrica o incluso de la necesidad de construir algunas centrales de generación.
Por poner un ejemplo, gracias a los Estados Operativos del Sistema Eléctrico sabemos que la línea de transmisión que conecta a la Península de Yucatán con la región Oriental del Sistema Eléctrico Nacional trabaja más de la mitad del tiempo por encima de su capacidad de diseño. O sea, el riesgo de falta de energía en la península es una constante, y se requiere inversión en reforzar la red ahí.
Pero la política energética de este gobierno llevó al sistema eléctrico al caos: el freno a permisos y proyectos de generación, la no inversión oportuna en otras centrales, la cancelación de líneas de transmisión y la falta de contratos de suministro de combustibles llevaron episodios como los apagones de febrero y diciembre de 2021 o a momentos de estrés del sistema, como el de la ola de calor.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno?
Suspendieron la publicación de los Estados Operativos del Sistema Eléctrico. Ahora los mexicanos no podemos saber cuando hay un riesgo mayor de apagones y por lo tanto tomar las precauciones necesarias.
Y mientras eso pasa la demanda eléctrica seguirá creciendo, sin incremento considerable o necesario de la oferta. Eso podrá frenar el crecimiento de la economía mexicana, pero además nos tendrá expuestos a episodios de apagones, aunque sean locales, para aliviar un poco el estrés del sistema en general.
Lo lamentable es que el gobierno haya bloqueado la publicación, en lugar de dar la información necesaria al ciudadano para tomar previsiones y, cuando es posible, evitar problemas por falta de energía.
Haber dejado de emitir los estados operativos sólo nos pone en claro que el desarrollo del sector eléctrico mexicano ha sido mal conducido; si bien la pandemia de COVID-19 evitó problemas mayores en el Sistema Eléctrico por la baja en la demanda energética, las consecuencias de la política energética ya llegaron, y dejar de emitir información resulta una medida política.
El bloqueo a la información es la develación del fracaso de la política presidencial.
No logramos ningún tipo de soberanía energética, pero si llevamos al Sistema Eléctrico a un estado de descomposición que nos costará años recuperar. Y eso es lo que quieren tapar.
