Al menos 82 migrantes fueron acusados de traspasar una zona militar restringida en Nuevo México que ahora hace parte del plan de militarización del Gobierno Trump de parte de la frontera con México para frenar el flujo migratorio.
Los inmigrantes acusados de traspasar instalaciones militares se exponen posibles penas de hasta un año de prisión, sumado a los posibles castigos por ingresar de forma indocumentada al país.
El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) dijo en un comunicado que los cargos, presentados este jueves en un tribunal federal de Nuevo México, representan «el primer uso a gran escala de una novedosa ley penal dirigida al ingreso no autorizado a propiedades militares» estadounidenses.
Las acusaciones se lograron tras la reciente transferencia del control de un tramo fronterizo de 274 kilómetros, conocido como la Reserva Roosevelt, en Nuevo México, del Departamento del Interior al Departamento de Defensa, agregó el DOJ.
Este corredor, ahora considerado una extensión del Fuerte Huachuca, está sujeto a patrullaje y vigilancia militar reforzada.
Este jueves el Pentágono anunció la designación de una segunda franja militar en El Paso (Texas), que hará parte del Fuerte Bliss y hace parte de las directrices de la Casa Blanca para denominar ciertas áreas fronterizas como ‘Zonas de defensa nacional’.
La designación permite a los soldados estadounidenses detener a los inmigrantes, una tarea prohibida para el Ejército de EE.UU. dentro del país en áreas que no son de dominio militar.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó la semana pasada la frontera para destacar su autoridad sobre las franjas. «Esta es propiedad del Departamento de Defensa», indicó el funcionario en un comunicado de prensa.
Hegseth hizo hincapié en varios carteles en inglés y español puestos a lo largo de la franja que indicaba que el área está bajo jurisdicción militar estadounidense y advierten que los intrusos serán detenidos.
EFE
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