La diputada Nora Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), junto con la diputada Patricia Mercado y la Coalición Movilidad Segura, impulsa una iniciativa para establecer el seguro obligatorio de responsabilidad civil a nivel nacional, con el objetivo de que todas las personas cuenten con protección ante un accidente vial, sin importar en qué parte del país se encuentren.
La propuesta surge tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil en el estado de Puebla, al reconocer que se trata de una medida legítima para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.
Este precedente abre la puerta para extender la medida a nivel federal, fortaleciendo el derecho a una movilidad segura en todo el territorio nacional.
La iniciativa plantea incorporar en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial la obligación de que toda persona que circule en un vehículo motorizado cuente con un seguro de responsabilidad civil con coberturas mínimas claras, sin letras chiquitas ni exclusiones, y con mecanismos de verificación digital que permitan comprobar su vigencia fácilmente.
Con esta reforma, en caso de un siniestro, las víctimas recibirán atención médica y apoyo económico inmediato, sin depender de trámites largos o de la solvencia del conductor responsable. La medida busca además fomentar una cultura de responsabilidad, empatía y respeto en las calles, garantizando que el derecho a la movilidad segura sea una realidad para todas y todos.
“Esta iniciativa no busca castigar, sino proteger. Queremos que ninguna víctima quede desamparada, y que conducir con responsabilidad sea parte de una cultura de movilidad segura y solidaria”.
Por su parte, la diputada Patricia Mercado destacó que el espíritu de la propuesta está centrado en las personas.
“Es importante que se entienda que no es un seguro para los autos, sino un seguro para las personas. Protege vidas, familias y el derecho que todas y todos tenemos a movernos con seguridad”.
Desde la Coalición Movilidad Segura, se reconoció el impulso conjunto del Congreso y la sociedad civil en esta agenda, que busca colocar la vida y la seguridad al centro de las políticas públicas.
“Desde la sociedad civil seguiremos acompañando esta causa, porque la seguridad vial no puede depender de la suerte. Este seguro representa una forma concreta de garantizar justicia, equidad y protección a todas y todos los usuarios de la vía”.
Las legisladoras coincidieron en que esta propuesta no es un trámite más, sino una política pública para salvar vidas, y confiaron en que, con el apoyo de los grupos parlamentarios, las instituciones, el sector asegurador y la ciudadanía, México podrá dar un paso firme hacia una movilidad más justa, humana y segura para todas y todos.
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