La relación entre el poder público y los medios siempre ha sido una prueba para cualquier democracia. Cuando se construye desde la libertad y el respeto, fortalece a la sociedad. Cuando se distorsiona por intereses económicos, deteriora la confianza de la gente.
En Puebla, el debate reciente no gira en torno a la crítica legítima, que es necesaria, sino sobre una práctica que durante años fue normalizada: condicionar la cobertura informativa a la firma de contratos millonarios. Ese modelo terminó usando el dinero público como presión política.
El Gobernador Alejandro Armenta, decidió no continuar por ese camino. La negativa a otorgar contratos de publicidad que habrían alcanzado más de 2 mil MDP, marcó un punto de quiebre frente a las antiguas prácticas. Incluso quedó documentado que gobiernos anteriores llegaron a pagar hasta 60 MDP anuales en convenios con una sola empresa.
A partir de esa decisión, se intensificaron los contenidos tendenciosos desde una televisora contra el gobierno del estado, incluso en contextos sensibles como la seguridad y las tragedias, recurriendo a la manipulación de la información. Frente a ello, la respuesta institucional fue la exposición pública de los hechos.
En ese escenario conviene recordar que la verdad es la mejor defensa. Y hoy existen medios alternativos que informan con honestidad, sin depender de prácticas que no tienen cabida en la vida pública del estado.
Este enfoque coincide con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum: el dinero público no está para comprar silencios ni voluntades, sino para generar bienestar.
En este gobierno no hay censura ni persecución: hay libertad de expresión y derecho a la información. Informar no puede convertirse en un negocio a costa del erario. Ese es el fondo del debate. Y ahí, Puebla marca la diferencia.
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