El matrimonio infantil o la llamada “cohabitación forzada” debe castigarse con penas de cárcel y no solo prohibirse en la ley, por lo que es urgente sancionar esta práctica con hasta 15 años de prisión, planteó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña.
La legisladora presentó una iniciativa de reforma al artículo 128 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de sancionar a quienes obliguen o coaccionen a una persona menor de edad a unirse con un adulto, simulando una relación matrimonial.
Riestra Piña subrayó que esta conducta vulnera de manera grave los derechos de niñas y adolescentes, por lo que la propuesta contempla penas de ocho a quince años de prisión, además de multas de mil a dos mil 500 días, equivalentes a 175 mil 965 pesos.
De acuerdo con datos oficiales del Inegi, en 2024 Puebla registró 6 mil 023 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, cifra que se encuentra por encima del promedio nacional. Asimismo, el Censo 2020 contabilizó 46 mil menores y adolescentes casadas en la entidad.
La iniciativa también establece agravantes cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o cuando se trate de una persona con discapacidad.
“La ley protege o abandona. No hay punto intermedio. Ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos de las niñas y adolescentes”.
Desde 2023 se creó a nivel federal el tipo penal de matrimonio infantil y cohabitación forzada; sin embargo, solo cinco estados del país han armonizado su legislación, por lo que Puebla busca avanzar en la sanción efectiva de este delito.
Foto de Noticias ONU
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