Nunca en la historia de nuestro país Estados Unidos había solicitado la extradición de un gobernador, un senador y un alcalde en funciones por cargos relacionados con el tráfico de drogas.
Los voceros del régimen tratan de minimizar el hecho con el argumento de que los gobernadores de la oposición también han sido acusados, pero la realidad es que, la solicitud de nuestro vecino del norte no tiene precedentes.
Lo más grave de todo es que desde la presidencia de la República, a través de Claudia Sheinbaum Pardo, se intenta proteger a estos personajes asegurando que no existen pruebas suficientes y que el Gobierno de México mantiene una estrategia de seguridad que ha reducido al 50 por ciento los homicidios dolosos.
Independientemente de las cifras, de las que existen dudas por los subregistros en diversos rubros que se han detectado desde que la izquierda mexicana se hace cargo del Gobierno de México, la realidad que viven a diario todos los mexicanos son hechos de violencia como asaltos y actos terroristas en diversas entidades del país por cobro de derecho de piso, que es de lo más común y que no encuentra castigo para los responsables.
Sinaloa es uno de los estados más afectados por la inseguridad que ahora sabemos, había sido provocada indirectamente por su gobernador, Rubén Rocha Moya, a quien se le acusa de ser parte de una red de narcotráfico para enviar de manera masiva fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a los Estados Unidos, además de beneficiar al cártel de Sinaloa. Tal vez por esa razón los hechos violentos en ese estado no han dado tregua.
La responsabilidad del Gobierno de México es detener a los 10 funcionarios y exfuncionarios de la administración estatal; sin embargo, en algunos casos se tiene que retirar el fuero a través del Congreso Local, proceso que ni siquiera ha iniciado.
Asimismo, conforme al artículo 111 constitucional, para proceder penalmente contra senadores o diputados federales en activo se requiere previa declaración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante mayoría absoluta.
Sin embargo, las cosas podrían cambiar con el reciente decreto que clasifica al fentanilo como arma de destrucción masiva, por lo que será muy importante que el Gobierno mexicano colabore con Estados Unidos porque no está en juego solamente la administración actual sino toda una nación.
