En México, hablar de herencias no es hablar de privilegios, sino de historias familiares: la casa que se pagó a plazos durante décadas, el pequeño negocio que sobrevivió a varias crisis, los ahorros que nunca fueron vacaciones, sino escuela y techo para los hijos. Es ese patrimonio, construido con paciencia y preocupación, el que hoy vuelve al centro del debate, no por su valor humano, sino por la tentación de verlo como una nueva fuente de ingresos fiscales.
Resulta inquietante que desde la cúspide de nuestro sistema judicial se insinúe que heredar es, en el fondo, un acto que debería «contribuir» como si fuera una ganancia inesperada. Esa mirada olvida que el heredero no es un especulador afortunado, sino el continuador de un esfuerzo previo. Gravar esa transmisión como si se tratara de una renta más es confundir la justicia tributaria con un impulso meramente recaudatorio, envuelto en un discurso técnico que pretende sonar progresista.
La actual Suprema Corte parece cómoda con debates que lucen sofisticados en el papel, pero poco conectados con la vida cotidiana de la mayoría. Discutir la herencia como si fuera un lujo, y no una forma mínima de estabilidad intergeneracional, es un gesto que revela distancia: se le habla más al modelo teórico que a la familia que intenta conservar lo poco que tiene. Y cuando las tesis empiezan a tratar el patrimonio familiar como sospechoso, vale la pena preguntar quién está realmente protegido: la persona trabajadora o el apetito del Estado.
No todo lo que puede cobrarse debe cobrarse. Hay fronteras que una política responsable respeta: la del esfuerzo acumulado y la del derecho elemental a transmitirlo. Convertir la herencia en objeto fiscal preferente, mientras la ineficiencia y el dispendio público siguen siendo invisibles en el discurso, manda un mensaje incómodo: es más fácil revisar el bolsillo de los ciudadanos que revisar el propio.
Al final, el debate sobre gravar las herencias no es solo jurídico ni técnico: es un espejo de nuestras prioridades. Una Corte que se entusiasma con la posibilidad de tasar el luto patrimonial, pero guarda silencio frente a los costos de la mala administración, corre el riesgo de perder algo más valioso que cualquier recaudación: la confianza de quienes, con razón, esperan que la justicia empiece por respetar lo que se construye con una vida entera de trabajo.
