La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Claudia Rodríguez Sánchez, señaló que el Consejo General del INE deberá establecer, mediante lineamientos, los criterios para determinar qué conductas podrán considerarse como injerencia extranjera, ya que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en mayo, que contempla la nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera, no define esos supuestos.
En entrevista para En Línea Noticias y El Heraldo de Puebla, la funcionaria explicó que la regulación deberá elaborarse con precisión y cuidado, como ocurre en el caso de las redes sociales, cuyas plataformas en muchos casos no tienen domicilio en territorio mexicano.
Destacó que el Consejo General del INE tendrá que definir con claridad qué se entiende por injerencia extranjera, cuáles son sus alcances y qué elementos permitirán acreditarla, ya que no bastará con señalar su existencia, sino que deberán presentarse pruebas y documentación que la sustenten.
Respecto a cómo se protegerá la libertad de expresión y la participación de organismos internacionales sin que se interpreten como injerencia extranjera, Rodríguez Sánchez indicó que el INE deberá construir una definición que permita garantizar ambos principios.
«Para eso servirán estos trabajos previos que se realicen en el Instituto Nacional Electoral. Claro que se debe cuidar la libertad de expresión, porque, por ejemplo, hay agencias internacionales de noticias que dan cobertura al desarrollo de los procesos electorales, pero siempre enmarcadas en la libertad de expresión y no como una injerencia extranjera. Es un tema delicado que debe analizarse muy bien y con mucha profundidad para garantizar todos los derechos, pero también para establecer un marco normativo que nos permita determinar, en su caso, si existe una injerencia o una probable injerencia extranjera.»
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de instalar una mesa de trabajo para definir el concepto de injerencia extranjera y los casos en que podría configurarse una intervención externa, respondió que sí, y estimó que ello ocurrirá una vez que se integren las comisiones correspondientes, aunque el análisis ya comenzó.
Agregó que también será necesario determinar qué tipo de pruebas serán válidas para acreditar una intervención o injerencia extranjera. Reconoció que se trata de un tema complejo, por lo que el Instituto Nacional Electoral deberá desarrollar y perfeccionar la normatividad aplicable de cara a los próximos procesos electorales.
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