Blanca Alcalá
La colaboración de este día coincide con la conmemoración del inicio de la Revolución mexicana, cuya fecha y lugar siempre han generado polémica para los poblanos o los coahuilenses. Mas allá de los datos históricos del suceso que causan diferendos, la mayoría de los mexicanos coinciden en su trascendencia, causas y consecuencias.
Se trata de la primera revolución del siglo pasado en el mundo. Y del más amplio y complejo movimiento social, determinante de la evolución de nuestro país a lo largo del siglo XX. Su estallido obedeció a diversas causas, entre ellas, el agotamiento del régimen oligárquico de Porfirio Díaz y la imposibilidad de resolver pacíficamente la sucesión presidencial. Pero también influyeron el anhelo de las clases medias y de los sectores populares de mejorar sus condiciones de vida, la enorme desigualdad entre los habitantes del campo, el surgimiento de pequeñas ciudades, y hasta el complejo contexto mundial de aquellos días. Uno de sus resultados más importantes fue la promulgación de la Constitución de 1917, considerada como ejemplo de legislación internacional al incorporar los derechos sociales en su marco normativo. Derecho a la educación, al trabajo, la vivienda, la libertad de expresión, y derecho al amparo, entre los más sobresalientes.
Tener un gobierno democrático y leyes justas fue la aspiración que dio forma, a lo largo de los años posteriores, a la creación de un país de instituciones, programas y acciones que fueron cambiado el rostro de México, su perfil demográfico, la esperanza de vida, el acceso a la educación entre los aspectos más relevantes. Las grandes obras de infraestructura que atraviesan el país, la dotación de servicios públicos, redes de agua potable, electricidad en alrededor de 98% de los hogares mexicanos son avances que transformaron la realidad de las personas.
Sin embargo, han persistido viejos problemas y surgieron nuevas dificultades. El Informe de Evaluación de la Política Social 2018 reveló, por ejemplo, que la brecha de desigualdad entre los ciudadanos se había profundizado en los últimos años. Seis de cada diez jóvenes se encontraban laborando en la informalidad; casi un millón de niños y adolescentes vivían en hogares que se encontraban por debajo de la línea de bienestar, el 85% de las mujeres indígenas son pobres y sufren discriminación social, económica y de género. La inseguridad, la corrupción se asomaron como nuevos derroteros. Éstos, entre otros indicadores, llevaron al actual presidente López Obrador a ofertar durante una campaña de doce años que, de llegar al gobierno, llevaría a cabo la nueva transformación del país, la llamada 4T. Desafortunadamente, a una semana de haberse aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, y a otra de cumplirse dos años de su ascenso al poder, la condición de los mexicanos no solo no ha mejorado, sino se ha deteriorado en prácticamente todos los rubros.
Sin duda, la realidad que enfrentan México y el mundo se ha visto agravada por la crisis que la pandemia trajo consigo, pero las decisiones adoptadas por su gobierno en materia económica y de política pública van en contrasentido de un ejercicio democrático y congruente con los tiempos que vivimos. La economía nacional se ha desplomado. Antes crecíamos en promedio el 2% anual; hoy, el comportamiento es negativo (por abajo de 0). Las instituciones se han debilitado en todas sus ramas. El Poder Judicial ha mostrado más interés por complacer al Presidente que en sostener la independencia de sus decisiones; el Poder Legislativo está convertido en la mayoría aplastante del pasado. Y los órganos autónomos son disminuidos y vulnerados, lo mismo el INE, en el año que habrá de organizar la elección más grande de su historia con 870 millones de pesos menos en su presupuesto , que el INAI o la Comisión Nacional de Competencia.
Las dependencias del Gobierno Federal están alineadas por gustos más que por necesidades. En materia de salud, se concretó la eliminación del Seguro Popular; el IMSS y el ISSSTE registran reducciones; lo mismo que sucede en programas como el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, con un 19%. Y no se observa, en ninguna parte, la asignación de un monto expreso para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19. Los programas de apoyo al campo y a los productores prácticamente son inexistentes. Los de apoyo a la seguridad pública de los municipios, a través del FORTASEG, o para atender la emergencia por desastres naturales, los de atención a migrantes, a la niñez o las mujeres se han extinguido o desaparecido. Y podríamos enumerar una larga lista de etcéteras.
En conclusión, para 2021, se asignaron recursos a programas definidos a capricho por el nuevo régimen. La refinería que nadie pidió, el Tren Maya o su nuevo aeropuerto que carecen de proyectos y sustentabilidad. Decisiones todas éstas que revelan concentración de poder, criterios unilaterales, autoritarios, ausencia de diálogo o disposición de apertura. En 1910, la cerrazón imperaba, el descontento también. En 2020, estas características están presentes en la actitud del gobierno de Morena, y en el sentir de la gente. La pregunta es: ¿En 2021, qué sigue para México?
Blanca Alcalá
@SoyBlancaAlcala
blancaalcalar
