Miguel Ángel García Muñoz
¿Qué le dicen a usted, amable lector, los nombres de José Refugio Alejandro León Flores, Jared Albino Soriano Hernández, Jorge Benito Cruz Bermúdez, Roberto Grajales, José Montiel Rodríguez, Roberto Flores Toledano y Héctor Sánchez Sánchez?
Todos han sido o son Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, impulsados y protegidos descaradamente por los Gobernadores Mariano Piña Olaya, Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.
Un reportaje especial del portal “Lado B”, de Ernesto Aroche, detalla un caso específico, el de José Refugio Alejandro León Flores, quien durante 29 años y 4 meses ejerció sin título, teniendo en su haber la encomienda de Moreno Valle de dar prioridad a 34 casos de persecución política, siendo tres de los más destacados: El de los hermanos Adán y Paul Xicale, líderes del movimiento “Cholula Viva y Digna”; Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, dirigente vitalicio de la organización de ambulantes “28 de Octubre y el despojo a un empresario poblano del predio que ocupa actualmente el Museo Internacional Barroco, en este último asunto en colaboración con otro testaferro morenovallista, Jared Albino Soriano.
Hay que destacar que León Flores empezó a vivir sus mejores épocas con Piña Olaya.
Los citados en el inicio de este comentario, son los llamados Jueces de consigna, práctica que se ha vivido por decenios en el Poder Judicial y que no fue raro que fortaleciera con renovados bríos Rafael Moreno Valle, quien se dio a la tarea de destituir y perseguir a unos, inyectando temor para obligar a muchos a jubilarse aunque no cumplieran los tiempos, dándoles facilidades para hacerlo y no tener consecuencias fatídicas. Fue de esta forma que se hizo del control total, en 2013, del Poder Judicial. Alguien podría explicar cómo es que Roberto Grajales es Magistrado por el hecho de ser panista abyecto de Moreno Valle, aunque nunca litigó ni sabía a lo que iba al Tribunal, profesionalmente hablando.
Mariano Piña Olaya, en 1989, fue el encargado de validar el arribo de José Refugio Alejandro León Flores, siendo sostenido y protegido por Moreno Valle y Antonio Gali. Coincidentemente, el “Diablo Negro de Guerrero”, como se le conoce en Puebla a Piña, fue promotor político y financiero de Rafael y asesor, teniendo como pago la diputación federal para su hijo Juan Pablo Piña Kurczyn.
Insoslayable la persecución perruna que el piñaolayismo ejecutó sobre “Simitrio” y la organización de comerciantes “28 de Octubre”, siendo replicada 20 años después por Rafael Moreno Valle Rosas.
No podría quedarse atrás el heredero del poder Antonio Gali Fayad, quien conservó a Roberto Flores Toledano y luego promocionó en su lugar a Héctor Sánchez Sánchez, en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, sin tener proyección jurídica ni títulos ni carrera ni experiencia ni cumplía con los requisitos más elementales.
Obvio, Gali obedecía al jefe de la pandilla; la complicidad era manifiesta; controlar los Poderes era la encomienda.
Toledano se fue, pero logró la Presidencia de la Judicatura en Puebla. Hoy, está siendo investigado por encubrir irregularidades de León Flores.
Héctor Sánchez Sánchez es una pieza más en ese rompecabezas truculento.
La ilegalidad amparada en la legalidad.
En ese terreno pantanoso también se mueve Jared Albino Soriano Hernández, por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena y tráfico de influencias.
Su protector ya no está.
Y ahora, ¿quién podrá defender a los defensores de la impunidad?
¡Qué contesten el pueblo y los afectados!
