México/Notimex
En el tema de desaparición de personas en México no hay certezas; como parte de la tragedia se desconoce la cifra real de personas desaparecidas.
En abril de 2018 dejó de alimentarse el registro oficial, lo que significa que no hay siquiera indicios del número de víctimas en el país los últimos 16 meses.
La cifra oficial más reciente es la que en enero pasado dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, según la cual, hay más de 40 mil 180 mexicanos desaparecidos desde 2006.
Sin embargo, el dato sigue siendo una aproximación: la propia autoridad reconoció las fallas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que hasta hace poco era la herramienta oficial de medición, y se construyó a partir de las denuncias presentadas en el fuero común y en el federal.
Algunas de las deficiencias del sistema son carecer de exhaustividad, excluir casos, no aportar información sobre quiénes desaparecen y en qué circunstancias, y brindar muy pocos datos sobre la desaparición de migrantes y los casos desaparición forzada.
Para resarcir esta situación, la Ley General de Desaparición que entró en vigor en enero de 2018 ordenó la creación de una nueva herramienta, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, pero 20 meses después ésta no ha sido publicada, por lo cual el vacío de información perdura.
Lo único que se sabe es lo que reveló la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, en mayo pasado: que en los primeros 100 días de su gestión, que inició el 9 de febrero de 2019, “se han recibido más de 481 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 15 fueron localizadas”.
La directora del Centro Diocesano de los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez Bustos, con sede en Coahuila, lamentó que, pese al compromiso público del gobierno federal para con esta problemática, se siga “manteniendo una política de Estado de no aportar la información necesaria para saber de una vez por todas la magnitud real de la emergencia de la desaparición de personas en el país”.
La también integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó sobre la gravedad de este vacío. “La información es básica porque sin ella no se pueden hacer estrategias de búsqueda ni alertas y tampoco operar mecanismos efectivos de justicia”, explicó.
La activista relató que, en un encuentro reciente con la Comisión Nacional de Búsqueda para la activación del programa regional de búsqueda pactado con la Secretaría de Gobernación, organizaciones del noreste del país advirtieron a las autoridades federales que no se reunirán más con ellas, en tanto no les presenten datos certeros de a quién buscar, ya que sin esa información no podrá funcionar ningún programa.
Martínez Bustos urgió a las autoridades federales a retomar, depurar y completar el registro de personas desaparecidas que manda la ley.
Santiago Corcuera Cabezut, exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, coincidió en que se sigue ocultando la dimensión del problema y precisó que no basta con conocer el número real de personas desaparecidas, sino que es necesario saber también qué les pasó.
El especialista pidió retomar el tema del registro, pero también concluir la instalación completa del Sistema Nacional de Búsqueda contemplado la Ley General de Desaparición, ya que los gobiernos de algunos estados no han instalado sus propias comisiones búsqueda y algunas de las que ya están carecen de titular o de personal.
Además, asegura que la Comisión Nacional de Búsqueda sigue desprovista de elementos materiales y personal calificado.
El reto, a decir del maestro en Derecho, es que las declaraciones del actual gobierno se cumplan y no se queden tan sólo en el discurso, como cuando en marzo, en el marco de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo:
“El Estado mexicano se va a dedicar a los desaparecidos. No sólo es asunto de una comisión, que estoy seguro lo van a hacer muy bien, sino que es una responsabilidad de Estado. Que no falten los recursos, no hay límite, no hay techo financiero, es lo que se requiera”.
