Ernesto Ordaz Moreno
El pasado 18 de mayo del 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Educación del Estado de Puebla. Rápidamente, en redes sociales y en medios masivos de comunicación se cuestionó la ley, incluso, llegando a considerarla inconstitucional y, por supuesto, la parte de reproche al Gobierno del Estado y a los diputados del Congreso del Estado.
Las redes sociales permiten a la población en general opinar y distribuir o circular opiniones con mucha facilidad, lo cual es fantástico porque es el ejercicio de la libertad de pensamiento, de opinión, pero debemos educarnos en el uso de las redes sociales o medios masivos de comunicación digital para incorporar puntos de vista producto de una investigación, al menos somera.
Pese a todas las críticas y defensas que se han construido alrededor de esta Ley, invito a realizar un análisis consciente, sin sesgos políticos ni emocionales, de lo que es la educación, su trascendencia, los efectos de la ley aprobada y por qué razón la educación depende del Estado.
La educación forma parte de la vida de los humanos en sociedad, siempre ha existido, de una u otra forma, la enseñanza, pues, nos ha permitido aprender a sobrevivir en el medio ambiente en que nos desarrollamos, es donde radica su importancia y trascendencia, pues a través de ella, transmitimos conocimientos a otras personas para que desarrollen capacidades intelectuales, morales y afectivas.
La educación se brinda tanto en la familia como en el grupo social al que pertenecemos. En efecto, al menos, en nuestro tiempo, la educación la ubicamos en la escuela, en nuestro hogar y con las personas que convivimos frecuentemente; en el consciente colectivo “todos” sabemos que debemos ir a la escuela, aunque no sea el caso para todos, pues hay personas que no tienen oportunidad de asistir a la escuela, por lo que, existe un sector de la sociedad que demanda al Estado el “derecho” de la educación.
En ese sentido, ¿por qué razón el Estado o el Gobierno debe proveer de educación? La respuesta la encontramos en la historia.
Hace muchos años, la educación no fue un tema que le ocupara a la autoridad ni al Estado, de hecho, la educación estaba a cargo de las Iglesias, para enseñar sus doctrinas religiosas y lo realizaban con las precariedades propias de la época. Sin embargo, en la Revolución Francesa, se realiza la nacionalización de los bienes eclesiásticos y, por ende, la enseñanza queda desprotegida, por lo que, la Asamblea Nacional (los diputados para nosotros), aplicando las ideas jacobinas, determinan que la educación es un servicio público y por ello, obligación del Estado, claro está que no es algo al azar, sino producto del desarrollo de las ideas impulsadas por la Ilustración.
Así, por una cuestión circunstancial, desde la Revolución Francesa, se genera la base para el moderno concepto del “derecho a la educación”. Lo anterior se observa en la nueva “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano” (24 de junio de 1793) que en su artículo 22 dispone que la instrucción es necesaria para todos y debe estar al alcance de todos los ciudadanos.
Producto del reflejo de lo que acontecía en el mundo, México, que no es ajeno a los eventos mundiales, obtiene su independencia y, desde ese entonces, la educación ha sido un tema inherente al Estado, como así lo podemos observar en la Constitución Federal de 1824, en la de 1857 y, por supuesto, en la de 1917. Cabe mencionar que en estos años del México independiente han existido grupos que promueven la educación para todos y otros que sólo la quieren para algunos cuantos, se han librado movimientos armados, violentos en pro de ella, pero, siempre ha coexistido la educación pública y la privada.
Es así como en nuestro México actual la educación es un derecho social (Derecho Humano de Segunda Generación) como la vivienda, el trabajo, la salud; y se considera un servicio público, luego, sujeto a la rectoría del Estado. El artículo 3º de la Constitución Federal, en concordancia con los tratados internacionales como el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultural/es” (artículo 13) así como las constituciones de cada entidad federativa y la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, todas en armonía, reconocen que la educación es para todas las personas, gratuita y obligatoria, tiene como fin fortalecer el respeto por los derechos humanos, debe ser democrática, nacional (que resuelva nuestros problemas), dignificar a la persona, respetar la familia, garantizar los materiales y métodos educativos, infraestructura educativa, técnicas y tecnologías nuevas, calidad de los docentes, debe ser de calidad, y que los particulares también la impartan, en sus diferentes modalidades, reconociendo autonomía y autogobierno a las Universidades que así estén reconocidas (artículo 3º de la Constitución Federal; artículos 42, 106 último párrafo de la Ley de Educación de Puebla); se promueve mayor participación entre las autoridades, los maestros, los padres de familia y el alumnado. A efecto de reducir los niveles de obesidad y diabetes, de las que México ocupa primeros lugares en el mundo, sobre todo en el infantil, considero adecuado que se prohíba el consumo de alimentos chatarra y se opte por distribuir alimentos y bebidas sanas. De igual manera, observo con interés que existirán apoyos para escuelas en zonas marginadas y de difícil acceso, lo cual implicará beneficios para maestros y alumnos que asistan a dichas escuelas, además de garantizarles el Estado los servicios básicos indispensables como energía eléctrica, agua potable e instalaciones adecuadas para una educación en la higiene.
La historia nos ha mostrado que la educación es un derecho humano que el Estado debe reconocer y proveer, dado que la población, en ciertos sectores, desdeña de la educación. En efecto, si se deja a los padres que decidan mandar a sus hijos a la escuela, que estudien y sólo se dediquen a estudiar, la consecuencia es que esos hijos abandonan la escuela en edades tempranas; excusas, hay muchas, pero se concretan en la falta de dinero, la necesidad de que trabajen para que aporten a la subsistencia de la familia, la poca responsabilidad de los padres al permitir que los hijos “decidan” sobre continuar con los estudios, esto último resulta hasta paradójico, pues somos los adultos quienes debemos tomar las decisiones y responsabilizarnos, pero en fin, eso es otro tema, lo cierto es que, en el presente, a pesar de toda la modernidad, un problema de la educación se centra en el abandono escolar. Es por ello que el Estado históricamente ha asumido la responsabilidad de proveerla.
La educación es tan importante y trascendente que de ello depende el futuro de México; se trata de un “poderoso instrumento para superar las desigualdades sociales”, pues debemos reconocer que actualmente nuestra sociedad se ha fracturado aún más, hay desigualdad generada por la preparación de unos pocos frente a muchos, hay desigualdad económica, hay desigualdad territorial (ciudad frente al campo); la educación puede generar un cambio social que acorte las desigualdades y obtengamos una mejor sociedad de mexicanos.
El camino no es fácil y se requiere de una gran inversión económica pues el Estado debe fortalecer a los grupos económicos que han invertido en la educación para que continúen en ese mismo objetivo, educar mejores mexicanos; y a los grupos vulnerados se requiere proporcionarles de una educación de calidad para lo cual debe proporcionarles instalaciones adecuadas (aulas con no más de 25 alumnos, talleres, laboratorios, tecnologías de la información, insumos para aprender, canchas deportivas, áreas culturales, etc), maestros con preparación para que puedan enseñar, vestir y alimentar a los menores, para que no abandonen la escuela, tener una comunicación directa con los padres para educarlos y orientarlos en los beneficios de que sus hijos asistan a la escuela, ampliar los horarios de asistencia escolar para que en ese horario escolar realicen las tareas; garantizar a los egresados opciones de desarrollo profesional; en fin, hay un gran cúmulo de acciones por realizar.
Es una realidad que el Estado ha adoptado el compromiso de proveer de educación de calidad para todos y para lograrlo requiere de una gran inversión de dinero que, mientras no se amplíe el presupuesto nacional para este tema, las inversiones de los particulares son prioritarios, pues, de lo contrario, se incumpliría, aún más, con la propia Constitución; será responsabilidad de todos los involucrados trazar, con base en la ley, los objetivos comunes que beneficien a los alumnos, futuro de nuestra sociedad. Al tratarse de un derecho social, que está sujeto a la rectoría del Estado, requiere que los particulares cumplan con las reglas tanto en los planes y programas como en la infraestructura, lo que será materia del reglamento; no obstante, considero que las escuelas particulares que adolezcan de algún requisito tienen tiempo suficiente para cumplir con ellos, pues los beneficiados siempre serán los alumnos, nuestros hijos, nuestro futuro.
Bajo esta óptica, después de leer la recién promulgada Ley de Educación del Estado de Puebla, no considero que existan disposiciones que generen la inconstitucionalidad de esta Ley, al ser conforme con los principios previstos en el artículo 3º de la Constitución Federal, en el entendido que la Constitución y sus leyes representan los puntos mínimos que el Estado requiere y la ejecución de la misma deberá ser siempre acorde con la Constitución y los Tratados Internacionales, en caso de que la actuación de la autoridad no se ajuste a la ley entonces los jueces restablecerá el orden legal y constitucional.
En fin, reitero, resulta apasionante la educación, instrumento indispensable para las generaciones futuras de nuestro México, que permitirá cohesionar a todos en el concepto de “mexicanos”, sin discriminación, sin desigualdades. A nosotros los adultos nos corresponde hacer lo propio para que la educación sea idónea para que los jóvenes se incorporen a la modernidad, a su realidad y logremos una sociedad libre, pensante, responsable, que opine, cuestione, que esté en constante movimiento, que vibre y sobreviva a las adversidades futuras.
La Ley de Educación del Estado de Puebla será interpretada, mejorada, aplicada y se perfeccionará, como todo lo humano, siempre es perfectible. La conclusión importante la tiene usted, a quien invito a leer dicha ley, así como a releer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a mantener una preparación continua pues tenemos mucho por aprender y poco tiempo para lograrlo. Hay que conocer la historia pues aquél que la desconoce está condenado a repetir los mismos errores.
