Humberto Aguilar Coronado
Hace dos años, recién habían pasado las elecciones presidenciales, al afirmar que no iba a defraudar al pueblo de México, el Presidente Electo sostuvo, refiriéndose al tema de la violencia: “voy a cumplir con todos mis compromisos y se van a respetar a todos, y van a ser abrazos y besos, abrazos, no balazos”.
Esta sencilla frase definió lo que iba a ser su política en materia de seguridad pública y el trato que quería darle a los delincuentes en nuestro país, motivando una severa crítica por su falta de seriedad para enfrentar un problema nacional, ya que había sido parte fundamental de su discurso como candidato opositor, criticar la política de seguridad pública del Presidente Calderón.
Por eso, cuando un año después sucedió lo que conocemos como el “culiacanazo”, aquella acción supuestamente coordinada por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, en donde se aprehendió, para después dejar en libertad, al hijo de uno de los capos más importantes del narcotráfico en nuestro país, se confirmó esa expresión de que el Presidente prefería los abrazos, aunque fueran de delincuentes, al tener que aceptar que como Presidente él fue quien ordenó la suspensión del operativo y la liberación del presunto delincuente, argumentando después, que lo había ordenado para no poner en riesgo a la población.
Desde entonces, esta decisión sumada a otras poco entendibles para muchos mexicanos en el manejo de la crisis sanitaria, que ha derivado en una severa crisis económica, una buena parte la población ha decidido manifestarse, en medio del confinamiento exigido por las circunstancias, en sendas caravanas de autos en diferentes ciudades del país, exigiendo a través de “claxonazos” la renuncia de López Obrador al cargo de Presidente. Se puede estar de acuerdo o no en las formas de exigir que se vaya el Presidente, pero queda claro que existe una gran inconformidad, y que la misma, no puede ser desdeñada ni minimizada por las autoridades.
Mi opinión, es que esa inconformidad debe ser canalizada por la vía institucional en las próximas elecciones de 2021, pero por ningún motivo se deben impedir ese tipo de manifestaciones de inconformidad por la actuación gubernamental.
Muy diferente, por cierto, a la inconformidad que hace unos días un grupo delincuencial manifestó mediante un artero ataque al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en donde los “balazos” letales no le llegaron al objetivo, pero desafortunadamente, a dos de sus colaboradores sí y a una mujer que desafortunadamente iba pasando por ahí.
La adjudicación directa del atentado por un cártel reconocido, el cártel Jalisco Nueva Generación, pone en entredicho y provoca serios cuestionamientos a la política instrumentada por el Gobierno federal en materia de seguridad pública, porque este tipo de acciones no solamente atentan contra una persona o un funcionario público, es una clara afrenta al Estado mexicano y a la falta de respuesta en el combate al crimen organizado.
Los balazos se hicieron visibles en una misma semana en la Ciudad de México, mediante un atentado que moviliza a los elementos de seguridad y acelera investigaciones para detener de inmediato a presuntos involucrados, y en el estado de Guanajuato mediante bloqueos de calles, vehículos incendiados y una buena cantidad de detonaciones, dejando una serie de acusaciones entre autoridades locales y federales. Por una parte, el Gobernador señalando la politización de la seguridad por parte del Presidente, y por el otro, el Presidente acusando que las autoridades locales llevan 12 años en el ejercicio de las funciones de seguridad, llamando a la renovación de esas autoridades.
Lo que queda claro, es que en este país se puede ir de los abrazos a los balazos, pasando por los claxonazos en muy poco tiempo, es decir, se acabaron los abrazos porque no sirvieron; siguen los claxonazos porque sigue la inconformidad, y desafortunadamente, llegaron los balazos.
