Avanzó en comisiones legislativas un paquete de reformas a la Ley Electoral de Puebla para castigar la violencia política de género, reducir las prerrogativas a los partidos políticos, eliminar la figura del “gran perdedor” y garantizar la paridad de género.
El dictamen aprobado establece que aquella persona que incurra en la violencia política de género o incumplan con el pago de pensión alimenticia no podrá ser candidato a un cargo de elección popular.
El infractor se hará acreedor a una multa económica y si está en funciones podría perder el cargo, así como el partido que lo postuló se le retirará el financiamiento público y hasta podría perder el registro como partido político local.
La diputada, Vianey García Romero, destacó que esta reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla (COIPEP) frenará las conductas misóginas en una elección y durante el ejercicio de la política.
“Es una reforma en conjunto para que el Instituto Electoral del Estado pueda así tener los dientes, como se diría coloquialmente, para que pueda sancionar y capacitar a las personas que hagan este tipo de acciones”.
El dictamen aprobado también elimina la figura del “gran perdedor” y la asignación de este espacio en el Congreso se dará a través del listado plurinominal registrado ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).
En esta misma sesión se aprobó facultar al Congreso de Puebla para que se encargue de la designación del titular del Órgano de Control Interno del órgano electoral y la obligatoriedad de la paridad de género en la asignación de candidaturas en un proceso electoral.
No prospera reducción de financiamiento a partidos
La asignación de las prerrogativas a los partidos políticos con base en el porcentaje de votos obtenidos en la última elección de acuerdo con la lista nominal y no con el padrón electoral, no prosperó por considerar que sería inconstitucional.
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