Enrique Coyotzi Gómez
El pasado siete de septiembre, las Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Presidente, decretaron el inicio a nivel federal del proceso electoral, en el que se tendrá la tarea de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la materia electoral, en las 32 Entidades Federativas del país.
Así, este proceso electoral federal será el más complejo de la historia pues se celebrarán elecciones para renovar distintos cargos de elección popular, incluyendo gubernaturas y diputaciones por ambos principios -mayoría relativa y representación proporcional-.
En ese sentido, no sólo el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta a un reto sin precedentes, sino también los Organismos Públicos Locales (OPL) y, los Tribunales Electorales Estatales y Federales, pues además de tener la compleja tarea de salvaguardar la legalidad de los sufragios emitidos por la sociedad mediante su voto, también tendrán que velar por el derecho a la salud y a la vida de todos aquellos que se vean involucrados de forma directa o indirecta en la renovación de los cargos de elección popular.
Lo anterior, toda vez que la contingencia sanitaria que atraviesa el país, provocada por el virus Sars-Cov2 (covid-19) será un gran factor a tomar en cuenta para la celebración de este ejercicio democrático en cada uno de los estados, ya que aparte de observar las disposiciones en materia electoral, deberán atenderse y ponderar la aplicación de las medidas sanitarias que las autoridades federales y estatales encargadas de la salud recomienden, con la finalidad de no dejar desprotegidos a todos aquellos ciudadanos que salgan a las urnas a emitir su voto de forma libre, secreta y personal por los candidatos de su preferencia.
Por cuanto hace al estado de Puebla, si bien es cierto que el proceso electoral comienza en el mes de noviembre y las elecciones para la renovación de los cargos relativos a las Presidencias Municipales, Diputaciones Locales y Legislaturas de carácter Federal, tendrán verificativo hasta el próximo seis de junio de dos mil veintiuno, también lo es que tanto las autoridades administrativas como jurisdiccionales electorales deberán prestar atención a los retos que se enfrenten en otros estados de la República, como en Hidalgo y Coahuila y las acciones tomadas en ellos para tutelar tanto el derecho al sufragio en sus dos vertientes como el derecho a la salud de las y los ciudadanos.
En este orden de ideas, se visualiza un proceso electoral complicado, que requiere un gran compromiso social, tanto de los partidos políticos, como de las autoridades de la materia y, por supuesto de la ciudadanía a efecto de garantizar que el desarrollo de dichos procesos se lleve a buen puerto y sin duda alguna las acciones emprendidas como colectivo ante las recomendaciones que durante el proceso vayan emitiendo las autoridades sanitarias, reflejarán nuestra cultura y civilidad como ciudadanos mexicanos.
Auxiliar Jurídico Magistratura B
