Blanca Alcalá
Los fideicomisos son instrumentos financieros que, tanto en asuntos privados como públicos, sirven para reservar recursos que garanticen el cumplimiento de un objetivo lícito previamente establecido. En México, la creación de los fideicomisos públicos ha tenido muy diversas motivaciones: atender áreas estratégicas, definidas como prioritarias y/o de interés para el país, buscando que, con independencia de lo que ocurra al inicio o conclusión de un año con los ciclos presupuestales, se aseguren recursos para cubrir los compromisos previamente pactados.
La medida buscaba, entre otras cosas, garantizar que los objetivos se cumplieran, transparentar el destino de los fondos, resolver galimatías burocráticos y, en ocasiones, hasta superar caprichos discrecionales de alguna autoridad. Diversas leyes norman la actividad de los fideicomisos y entes públicos, justamente para garantizar su buen funcionamiento. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la de Contabilidad Gubernamental, por citar algunas. El propósito de su creación fue asegurar que los recursos destinados para cada uno de ellos se cumpliera, que el ejercicio fuera de forma transparente, y se cerrara el paso a la corrupción. A lo largo de los años vimos que la creación de muchos de ellos respondía lo mismo a temas cruciales que coyunturales. Hicieron posible el cumplimiento en tiempo y forma de compromisos de México en materia de cooperación internacional como integrante de la comunidad de naciones, y resolver el esquema ortodoxo de Banrural hacia una institución más moderna y con visión de empresa pública como fue el caso de la Financiera Rural.
Procuraron también la custodia de fondos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, permitiendo progresar a investigadores involucrados en proyectos científicos, como sucede en Alemania, Japón, Corea e India, países que han mostrado que invertir en ciencia es sinónimo de innovación y desarrollo. Observamos que su creación permitió, a través de FIDECINE, atender la demanda de creadores artísticos para apoyar la industria del cine nacional, actividad laureada que mucho nos enorgullece como mexicanos y que, además, representa la permanencia de una larga cadena productiva y de generación de empleos. También fue un mecanismo diseñado para dar respuesta a las familias de los migrantes participantes del Programa Bracero cuyos fondos les pertenecen; dinero asignado para ellos que no han podido, y ahora no podrán, recuperar.
En los últimos años, el FONDEN, por ejemplo, permitió dar respuesta de manera más rápida y ordenada a numerosas familias que enfrentaron desastres naturales en un país como México donde los sismos y temblores de gran magnitud son frecuentes. Al igual que huracanes, precipitaciones o sequías atípicas, cada vez más típicas. Como típico es que miles de familias vean destruidos sus hogares y la infraestructura de sus comunidades que, una vez superado el caos, deberían ser reconstruidos, a veces de manera urgente.
El dictamen presentado esta semana para su aprobación en la Cámara de Diputados del Congreso Federal, incluye la desaparición de 53 de estos fideicomisos. Los argumentos esgrimidos son diversos, algunos loables como allegarse de fondos para sortear los efectos de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país; otros de rutina, como se ha vuelto costumbre en esta administración, consistentes en satanizar toda acción o institución, generalizando ineficiencias y corrupción sin detenerse a analizar con mayor profundidad y responsabilidad los impactos y las consecuencias. O proceder a denunciar, en caso de que existan evidencias, a los responsables de corrupción. El monto de estos 53 instrumentos representa alrededor de 57 mil 587 millones de pesos, nada despreciable en un país cuyo panorama en materia de finanzas públicas es cada vez más deplorable. Sin embargo, acciones como éstas seguirán debilitando el entramado de sus instituciones y de la atención a sus ciudadanos. El dictamen seguramente será aprobado con la mayoría de Morena, pero de cara a la discusión inminente del Presupuesto de Egresos 2021, urge un análisis más amplio que involucre, sí, lo urgente, pero también lo estratégico. Que combine lo necesario con lo importante; una propuesta razonable que atienda la emergencia al mismo tiempo que encamine al país en los temas indispensables para recuperar la normalidad. Es necesario, además, que se analicen con el mismo rasero todas las acciones: la refinería de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya, o el absurdo financiamiento a Pemex. Proyectos que no son ni técnica ni financieramente viables, y que le cuestan a los mexicanos. Con la desaparición de los fideicomisos, hoy les tocó perder a científicos, migrantes, ahorradores, deportistas, etc. Mañana, de seguir las mismas prácticas y la cerrazón a debatir, pero sobre todo a escuchar, se corre el riesgo de que los perdedores sean México entero y sus ciudadanos.
