Esencia jurídica

Lic. César Sotomayor S.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró el pasado primero de octubre la constitucionalidad del proyecto de consulta ciudadana enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes de México. Aunque la consulta ciudadana fue aprobada en 2012 como una herramienta de democracia participativa, el presidente la quiere estrenar el próximo año para definir si se lleva o no ante la justicia a quienes gobernaron el país desde 1988.

El tema es sencillo si alguien cometió un ilícito debe de ser juzgado en términos de la ley vigente, es decir, si quien fungía como Presidente de la República, cometió un acto ilegal que amerita privación de la libertad, que se denuncie, se procese y se juzgue.

Al principio se trataba de solo llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes, pero se modificó. Tras una votación dividida, el pleno decidió con 6 votos a favor y 5 en contra avalar la constitucionalidad de la consulta para hacer la pregunta detonadora a los mexicanos de si las autoridades deben de investigar y procesar en su caso a los cinco expresidentes.

El presidente dice que el pueblo debe decidir en una consulta si se enjuicia a los expresidentes; el pueblo no se muestra interesado; el presidente dice que él no quiere meter a la cárcel a los expresidentes, pero de todas maneras solicita la consulta y el mismo día que la solicita Morena presenta en el Congreso una iniciativa de ley de amnistía para los expresidentes, pareciera que para “blindar la consulta”.

En la discusión el ministro Alberto Pérez Dayán, consideró que la pregunta es tendenciosa y sería violatoria de derechos humanos tal como apunta el proyecto del ministro Luis María Aguilar, el ministro propuso la inconstitucionalidad de la consulta del titular del Ejecutivo y señaló que el objeto de la propuesta es violatorio a la Constitución porque somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones. Aguilar destacó, que la propuesta de consulta presentada el pasado 15 de septiembre también implica desvirtuar la finalidad misma de este tipo de ejercicio ciudadano. Sin embargo, dijo que la consulta sobre los expresidentes no busca restringir los derechos humanos, por lo que se pronunció en contra del proyecto y a favor de que se modifique la pregunta, es un hecho jurídico, la SCJN no puede avalar una consulta que es contraria a los derechos humanos.

Quienes votaron por la constitucionalidad fueron los siguientes ministros y ministras: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan González Alcántara Carrancá; y Alberto Pérez Dayán. Quienes votaron por la inconstitucionalidad de la consulta fueron los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco y Norma Piña. El ministro Alfredo Gutiérrez pidió replantear la interpretación de la materia de la consulta. Por otro lado, los ministros Alberto Pérez, Juan Luis González, Jorge Mario Pardo pidieron que se reformule la pregunta en la consulta. El ministro Laynez Potisek se pronunció en contra de la constitucionalidad de la consulta, y dijo que sus opiniones no eran populares, pero que la justicia no esta en consulta.

La ley señala que dicha consulta debe ser en agosto del 2021, sin embargo, creo que someter a la justicia a los expresidentes por posibles actos de corrupción, no debería ser un tema de consulta, sino de justicia, por lo que la misma Fiscalía General de la República debería iniciar averiguaciones de oficio y en su caso sancionar a quienes cometieron alguna violación a la ley. Cabe mencionar que para que la consulta prospere se requerían alrededor de 1.8 millones de firmas en un país con mas 130 millones personas, pensemos en el costo tan solo para hacer algo que todos estaríamos obligados a hacer, a denunciar ilegalidades para que se deslinden responsabilidades.

Creo que la SCJN, actuó con prudencia, lo que aprobó no fue enjuiciar a los expresidentes, sino que reconoció el derecho de investigar mediante comisiones las acciones de los servidores públicos federales. Es decir, me parece que la corte actuó en este acto más como un ente político que como uno jurídico, por que con su decisión evito una confrontación directa con el presidente, situación sin duda inteligente un momento en que el mayor problema es la ansiedad por llevar el tema en la época electoral del año que entra. Soy un convencido de que debemos continuar confiando en la Corte, es la institución mas importante y única para la defensa de la constitución en nuestro país.