Ante el cúmulo de irregularidades del Sistema Articulado RUTA, el gobierno del estado tomaría el control de la operatividad en tanto inician los procedimientos legales de recisión de contratos de concesiones de todo el esquema operativo y acompañada esta estrategia de denuncias penales.
Así lo anunció el gobernador Luis Miguel Barbosa en su conferencia de prensa matutina donde estuvo acompañado de Teresa Castro, secretaria de Finanzas, Rodolfo Chávez Carretero, director de Carreteras de Cuota Puebla y el abogado asesor, Fernando Pérez Cantillo.
Los funcionarios fueron desmenuzando en la conferencia de prensa la madeja de corrupción que se tejió en torno a la concesión del sistema articulado RUTA desde los gobiernos panistas, concretamente de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali.
Las anomalías van desde el título de concesión, la construcción del carril confinado, la compra de unidades, el cobro del servicio y los espacios publicitarios, todo con sobrecostos.
Además, se descubrió una fórmula para la entrega del subsidio y el cobro del servicio que da como resultado millonario daño patrimonial al erario público de Puebla.
Otras anomalías detectadas son: que no se cumplió con la meta de inversión privada en el sistema, luego se creó una empresa exprés denominada Articulados de Puebla, una SAPI que quebró a los dos años de operación de la línea uno y cedió sus derechos a la empresa Sistema Metropolitano de Transporte, esto por acuerdo del consejo de administración.
Los hechos sucedieron entre 2014 y 2016 en administraciones panistas. Ambas empresas se constituyeron al vapor.
Ahora bien, en el título de concesión se maneja un precio por kilómetro recorrido y un factor de ponderación para determinar el subsidio al sistema. Dicha fórmula fue calculada para dañar el patrimonio estatal mediante un subsidio que dejaría en quiebra las finanzas estatales.
Por otra parte, las empresas concesionarias jamás brindaron el servicio de internet gratuito.
De ahí que el gobernador Barbosa determina que asuma el gobierno el control del sistema articulado RUTA y de manera paralela iniciar denuncias penales y cancelación de concesiones colaterales.
Esto ante el riesgo de colapsar las finanzas estatales por el pago de obligaciones hacia la empresa concesionaria.
