Estrategia científica

Leopoldo Altamirano Robles

El día de ayer fue aprobada la extinción de diferentes fideicomisos entre ellos los pertenecientes a los Centros Públicos de Investigación dependientes de CONACYT. Esta medida se llevó a cabo a pesar de la inconformidad de los partidos de oposición y miembros de las comunidades afectadas. Podemos alegar largamente si era bueno extinguirlos o no debido a la opacidad en su manejo o a causa de la corrupción imperante en ellos. No obstante, y tomando en cuenta el resultado de la votación en la cámara de Diputados cabe ahora preguntarse qué sigue después de esta desaparición.

Antes de contestar esta pregunta, repasemos rápidamente cómo se conformaron estos fideicomisos y cómo funcionaba. En varios de  los Centros CONACYT el recurso disponible en los fondos no provenía de recursos del presupuesto asignado a los centros sino más bien era conformado por lo que se denomina recursos propios, esto es, recursos que genera la institución ya sea por la ejecución de proyectos o servicios tecnológicos, por la realización de proyectos en los cuales el aportante del recurso estaba de acuerdo en ponerlo ahí, en su mayoría de carácter privado, o por el depósito de ganancias excedentes a los topes fijados por la Secretaria de Hacienda en el convenio de asignación por recursos.

La forma de operarlos era mediante un comité rector el cual estaba normalmente conformado por miembros de la institución y miembros externos a ésta. En reunión de comité se decidía qué hacer con los recursos. Previa consulta con los investigadores se sometían proyectos a aprobarase, en su mayoría internos, también incentivos a investigadores por actividades extras a su labor cotidiana o para el pago de mantenimiento de equipos mayores. Además ese recurso servía para fortalecer la operación de la institución o proyectos en los primeros meses del año fiscal, donde los recursos fiscales normalmente son depositados después de que el año natural ya lleva algunos meses recorridos. Esto permitiría sobrevivir a los cierres fiscales de final del año, donde normalmente todo el recurso que no se ejerció se devuelve a la Secretaria de Hacienda.

Con la desaparición de los fideicomisos quedan abiertas varias preguntas que no se han respondido todavía, algunas de ellas son las siguientes: ¿El dinero que existía en estos fideicomisos se pierde o se pondrá a disposición de las instituciones bajo otro mecanismo? ¿Cómo se podrá retener recurso en la institución que sobreviva al cierre del año fiscal y tener capacidad para solventar algunos requerimientos financieros del año siguiente? ¿Cómo se le podrá dar estímulos al personal de la institución por actividades extras de sus actividades contractuales? ¿Cuál sería el mecanismo para guardar dinero excedente, en el contexto de los párrafos anteriores, y tenerlo a disposición para el pago de eventualidades institucionales (pago de pólizas de servicio, compra de insumos para laboratorios, etc.)?

Estas y más preguntas quedan sin responder y ojalá las respuestas sean en beneficio de la operatividad y sostenimiento de los Centros Públicos de Investigación, y sobre todo la conservación de la Ciencia, la Tecnología y la innovación de nivel mundial, comprometidas con los problemas sociales de nuestro México actual y de su nueva situación social y sanitaria.