Esencia jurídica

Lic. César Sotomayor S.

La Ley de Ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo y establece la forma en que el estado recaudará los recursos que el Gobierno Federal gastará durante un ejercicio fiscal.

Los recursos se integran por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones y subsidios.

La Ley de Ingresos es un documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.

Luego de una larga sesión de más de 17 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2021 con 274 votos a favor, 116 votos en contra y cero abstenciones, por lo que ahora pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Ninguna de las reservas presentadas, en su mayoría por diputados del bloque opositor formado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, fueron admitidas por Morena; incluso fueron rechazadas las de su aliado, el Partido del Trabajo, que presentó reservas para modificar el IEPS a cigarros, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. Ninguna de ellas fue admitida.

El Poder Ejecutivo dispondrá de recursos por un total de 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos, una cifra menor a la propuesta por Hacienda (6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos) por concepto de ingresos estimados. De este total, 3 billones 533 mil 31.1 millones corresponden a impuestos; 381 mil 835.8 millones a cuotas y aportaciones de Seguridad Social; 42 mil 267.7 millones a derechos; 9 mil 364.8 millones a productos; 119 mil 458.2 millones a aprovechamientos.

Los diputados de MC, PRD, PRI y PAN cuestionaron que no se crearon los incentivos suficientes para reactivar la economía frente a la crisis financiera por la pandemia de COVID-19.

El grupo mayoritario de Morena y sus aliados del PT destacaron que no se crearon nuevos impuestos, aunque a lo largo de la discusión se propusieron reservas para aumentar impuestos a alimentos y bebidas que causan daño a la salud.

La iniciativa de Ley de Ingresos, modificada y aprobada el pasado 21 de octubre por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, tiene varios ingredientes que causan preocupación y alertan a los especialistas y expertos. Uno de ellos es, sin duda, el hecho de apretar más a los contribuyentes cautivos. Para algunos, los criminaliza a priori, en las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. En sentido opuesto, no toca a los que laboran en la informalidad, pues no existe medida alguna que los obligue a integrarse a la base de contribuyentes.

Por su parte, las cámaras empresariales mencionan que la nueva ley prejuzga a los contribuyentes mediante medidas que parten por considerar que todos cometen ilícitos con efectos penales, como la relativa a la cláusula antielusión que fue aprobada, porque anteriormente los efectos y consecuencias eran solo fiscales.

Los impuestos aprobados a la telefonía celular, a las plataformas digitales, la forma en que las asociaciones civiles que son donatarias autorizadas deberán cumplir con sus obligaciones fiscales y el hecho de que el SAT en las visitas domiciliarias tendrá facultades para utilizar herramientas digitales para recabar imágenes o archivos electrónicos que puedan servir como constancia de los bienes o de los activos que existen en el domicilio fiscal de los contribuyentes representa para muchos especialistas algo preocupante para los sectores productivos de la sociedad, ya que lo identifican como ‘terrorismo fiscal’.

Sin duda, el país necesita recursos para funcionar y, por tanto, es necesario e impostergable que la autoridad persiga a aquellos que realizan actos jurídicos que carecen de una razón de negocios y simulan actos. También es urgente acabar con las empresas factureras que, de igual manera, simulan operaciones y venden facturas sin un sustento material que respalde las operaciones.

Pero es preocupante que la autoridad pretenda criminalizar a los contribuyentes amagando con la ‘muerte mercantil’ de las empresas cuando entre en vigor la cancelación de los sellos digitales a empresas que se ‘presuma’ facturan operaciones simuladas o que deducen operaciones simuladas. Si eso sucede a través de presunciones, la ‘muerte mercantil’ se decretará porque no podrán cobrar ni tener ingresos si se cancela la oportunidad de emitir un comprobante fiscal.

El sistema tributario nacional se ha ido perfeccionando. La solución es que todos paguemos impuestos. Retomar el tema del impuesto al consumo es una opción vigente. Creo que el camino para que exista una verdadera justicia fiscal es largo, pero se construye año con año.