Humberto García Flores
Desde que la Dra. Ma. Elena Álvarez-Buylla fuera designada por el Presidente de la República como Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACYT), esta insigne institución del Estado Mexicano ha tomado un nuevo rumbo, para muchos incierto pero muy claro en relación a lo que se dejará de hacer.
Desde el último trimestre de 2018, hacia el final de la Administración de Enrique Peña Nieto, muchos de los Fondos para la investigación científica y tecnológica dejaron de operar.
Ya no se emitieron nuevas convocatorias para concursar proyectos y en algunos casos ya no se ministraron los recursos a proyectos recién aprobados argumentando opacidad en sus reglas y corrupción en su manejo.
Posteriormente, en 2019 surgió la iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología para incluir a las humanidades, así como nuevos mecanismos para la ministración de recursos para proyectos científicos y tecnológicos. El proyecto de reforma no progresó y actualmente se encuentra en discusión uno nuevo.
Con la reciente eliminación de los fideicomisos asociados a fondos sectoriales, mixtos y regionales de ciencia y tecnología se rompe con el esquema utilizado durante más de 20 años en el desarrollo científico y tecnológico en el sector público y privado.
Gran reto tiene que abordar ahora el CONACYT, sin una reforma de Ley aprobada y sin los mecanismos tradicionales para financiar proyectos en los distintos sectores, debe desarrollar alternativas transparentes y eficaces que faciliten el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Por ahora, una de esas alternativas parecen ser los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) en 10 áreas: salud, alimentos, sustentabilidad, seguridad, educación, agua, cultura, contaminación, vivienda y energía.
Ojalá éste sea el comienzo de un conjunto de programas que sirvan a la nación en el gran tema pendiente: lograr el 1% de inversión del PIB en ciencia, tecnología e innovación, tal como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología.