Maritza Mena
El pasado sábado 19 de diciembre un grupo de mujeres que exige la “despenalización” del aborto liberó el Congreso del Estado de Puebla que mantuvo tomado desde el 24 de noviembre de 2020, después de llegar a un acuerdo con legisladores.
La toma incluyó el ingreso a uno de los salones del recinto legislativo, evidentemente sin permiso, y terminó cuando todo el campamento fue levantado.
Entre las peticiones del grupo autodenominado feminista están despenalizar el aborto, aunque éste no causa sanción alguna según el Código Civil del Estado de Puebla cuando el embarazo es producto de una violación, imprudencia, o porque la mujer se encuentra en peligro de muerte; también se pidió implementar una Alerta de Género, pese a que existe declaratoria desde 2019 y recursos financieros -que no se retiraron a los estados en el Presupuesto de 2021-, entre otras.
Las manifestaciones frente al Congreso de Puebla son comunes, pero pocas, como esta, es tolerada al punto de permitir la violación a Códigos reglamentarios, y acceder, a pesar de ello, a recibir las peticiones de quien quebrantó alguna norma.
Las mujeres cometieron faltas a la seguridad pública que ameritan arresto y sanciones administrativas, de acuerdo con el artículo 209 del Código Reglamentario del Municipio de Puebla. Según el inciso g) merece sanción cuando se obstruye o se impide con cualquier objeto, entradas o salidas de personas y/o cosas, a domicilios, instalaciones o edificios públicos o privados, o se utilicen lugares reservados para personas con discapacidad sin serlo.
El grupo de féminas que buscan la interrupción legal del embarazo impidió el ingreso al recinto legislativo al mantenerlo tomado por varias semanas, como una muestra de poderío hacia los legisladores que no tuvieron más remedio que negociar ante la advertencia.
El hecho que parecería una petición justa “cojea” del pie izquierdo y pretende presionar la aprobación de una legislación que requiere un análisis profundo porque los preceptos que cimentarían su aprobación, como lo es la pregunta: ¿desde cuándo inicia la vida?, son abordados por la filosofía, por lo que habrá que analizar qué porcentaje de la población concuerda con el pensamiento cristiano o católico y considera el aborto asesinato.
Los diputados tienen la obligación de legislar para beneficiar a las mayorías y las personas que representan no precisamente concuerdan con las ideas que se mueven en el escándalo, además, legislar bajo amago sería muestra del poderío de un grupo sobre el Poder Legislativo, aplicando la Ley del más fuerte, con la capacidad de constreñir al más débil, inclusive al punto de inclinarlo.
