Temas electorales

Marcos Rodríguez

El pasado 21 de diciembre, el Consejo General, órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral, aprobó un acuerdo mediante el cual se dan a conocer una serie de disposiciones para abonar a lo que coloquialmente se ha denominado “piso parejo”, es decir, medidas que son tendentes a generar condiciones de imparcialidad y equidad para los contendientes en el proceso electoral 2020-2021.

Las reglas contenidas en dicho acuerdo recogen, sistematizan y enriquecen diversas disposiciones constitucionales y legales que limitan las actividades de las y los servidores públicos durante el tiempo en que transcurre el procedimiento comicial en su conjunto, es decir, no se limita al momento de la elección sino que sus disposiciones abarcan diversos momentos del proceso en que las y los mexicanos y poblanos estamos inmersos.

Una regla fundamental, consagrada en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, señala que las y los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad a fin de no influir en la competencia entre los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos y candidatas.

Lo anterior implica que no se podrán utilizar recursos humanos, materiales o financieros de carácter público para financiar partidos, coaliciones, campañas o precampañas, ni para influir positiva o negativamente en el electorado.

La contravención a lo señalado en el párrafo anterior implica la comisión de un delito de orden electoral que debe ser conocido y sancionado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR.

Estas reglas aplican lo mismo para las elecciones federales como para las locales que habrá en las 32 entidades federativas del país, ya que el INE ejerció su facultad de atracción para dictarlas.

Las y los servidores públicos, en términos de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

Nadie, ni persona ni institución alguna, tiene derecho a comprar, presionar o condicionar nuestro voto, si lo hacen, incurren también en una conducta delictiva que puede y debe ser denunciada ante la Fiscalía. Si alguien lo intenta, ¡denúncielo!