Ernesto Ordaz Moreno
“La primera máxima de todo ciudadano ha de ser la de obedecer las leyes y costumbres de su país, y en todas las demás cosas gobernarse según las opiniones más moderadas y más alejadas del exceso” (René Descartes)
En México vivimos en un Estado, una república representativa, democrática y federal, compuestas por entidades federativas, sujetas a un régimen constitucional en donde constan los principios y las instituciones que se pactaron al crear nuestra Nación. En ese sentido, lo primero que debemos hacer todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos este gran país es respetar las normas constitucionales, sus valores y principios, así como las leyes que de ella emanan.
En esa tesitura, aceptamos que el monopolio de la fuerza la conserva exclusivamente el Estado, a través de las fuerzas armadas (ejército, armada naval y fuerza aérea) para la defensa exterior, primordialmente, y en últimas fechas se le ha encomendado atender la seguridad interior; así como también, con las policías y la guardia nacional. Las primeras son de régimen castrense, mientras que las segundas, son de orden o carácter civil, disciplinado y profesional. Al respecto así se observa de una lectura de los artículos 21, 89 fracciones VI, VII y IX, 119 de la Constitución General de la República.
La seguridad pública es una función estatal a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyo fin es “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas” para contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Por su parte, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, quien tiene a su cargo la conducción y mando de la policía ministerial.
En ese sentido, la seguridad pública se desempeña, primordialmente, a través de las policías y de la guardia nacional, pues son personas civiles con preparación profesional en seguridad y, por ende, disciplinados y con preparación en Derechos Humanos, lo cual resulta esencial para atender a los ciudadanos.
¿Qué está pasando en nuestro país para que grupos “civiles” se auto proclamen “autodefensas”? Hay varias interrogantes que atender: ¿Quién les provee de armas y municiones? ¿Quién les preparan para el manejo de armas? ¿Cuál es la preparación de sus miembros para tratar a civiles y respetar sus Derechos Humanos? ¿Se les ha enseñado de leyes vigentes o sobre Derecho Constitucional?
En ese sentido, por supuesto que puede ser absolutamente frustrante el que la ciudadanía sufra constantemente de hechos ilícitos o delictivos, en los que se ven afectados en su patrimonio o en su integridad física, en su libertad, generándose a ese ciudadano común y su grupo social, desorden e intranquilidad social. Y más frustrante que la burocracia y la ineptitud de algunos funcionarios haga más complejo todo el proceso de la investigación de los delitos.
Sin embargo, el ciudadano debe cumplir con las normas constitucionales y legales, siendo la primera, el respetar que el Estado es el único orden con el monopolio de la fuerza pública, que las armas permitidas por la ley para los civiles sólo pueden estar en la casa, pues no hay permisos de portación. ¿Es válido actuar ilícitamente para aparentemente resolver la violencia que se sufre? ¿Debemos convertirnos todos en justicieros? ¿Quién va a frenar esta avalancha de violencia generada por nosotros mismos?
Definitivamente, los ciudadanos estamos imposibilitados para impartir justicia y para ejercer la fuerza pública, aceptarlo sería aceptar el caos social, la anarquía, pues no habría razón alguna para respetar las leyes. Y la violencia sólo genera más violencia, trae consigo dolor y muerte.
Los surgimientos de grupos de autodefensas, en nuestro país, representa un llamado de alerta para modificar las políticas públicas de seguridad; hacer uso del federalismo, apoyar a cada municipio para dotarlos de mejores elementos para que la ciudadanía se sienta segura; eliminar la percepción de inseguridad e impunidad. Por supuesto, no es un tema sencillo, ni la solución es única, por el contrario, se requiere de una acción multidisciplinaria, holística, pues todo está relacionado: pobreza, analfabetismo funcional y un largo etcétera. Insisto, se debe educar a la población, dotarlos de virtudes humanas.
Hoy, más que nunca, debemos cumplir con el respeto a la Constitución, dar nuestro voto de confianza a las autoridades y exigir que se cumplan con las leyes vigentes. Continuar permitiendo que otros tengan el uso de la fuerza pública, de las armas y de la impartición de justicia, implica que el Estado se ha fragmentado, que es un estado fallido, y lo que venga será totalmente distinto. No habrá vuelta atrás. La suerte estará echada.
