La Fundación Jenkins y el pleito legal
Por Leticia Montagner
La batalla jurídica entre los miembros de la familia Jenkins Landa y las órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República, por ahora están en empate técnico.
La semana pasada, el Juzgado Octavo de Distrito en la Ciudad de México aceptó un amparo que tramitaron Roberto Jenkins de Landa e integrantes de su familia contra la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en lo que parece ser un largo asunto jurídico.
Aunque no se les otorgó la suspensión, la Juez Luz María Ortega Tlapa, les pidió más datos y fijó el 3 de mayo para la Audiencia Constitucional donde resolverá si les concede o no el amparo.
Todo surgió por un pleito familiar por el control de la Fundación Mary Street Jenkins, pues en 2016 Guillermo Jenkins de Landa, nieto del legendario William Oscar Jenkins, denunció a sus familiares por un desfalco de 720 millones de dólares.
A principios de marzo, un Juez ordenó la aprehensión de seis miembros de la familia Jenkins, heredera de la fortuna del empresario, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La fundación creó y mantiene a la Universidad de las Américas Puebla, el Colegio Americano y el Museo Amparo, así como inmuebles de gran valor.
En la denuncia de 2016, Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, crearon una asociación civil, Bienestar de Filantropía, de la cual transfirieron los fondos de la fundación original. El movimiento se hizo a través de bancos con sede en Barbados y Panamá, paraísos fiscales.
Existen anomalías en el manejo del patrimonio de la fundación desde 2013, se avisó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que revisa el funcionamiento de agrupaciones dedicadas a apoyar causas sociales, pero ignoró el caso cuando gobernaba Rafael Moreno Valle Rosas.
Por esa omisión, Guillermo Jenkins presentó una denuncia penal en 2016 ante la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de la República, que desconoció el asunto hasta que hace unas semanas el Fiscal Alejandro Gertz Manero liberó órdenes de aprehensión en contra de la familia.
Después del anuncio de las ordenes de aprehensión, Elodia Sofía de Landa de Jenkins dijo en una carta pública que el patrimonio de la Fundación Jenkins está a buen resguardo y se peleará hasta lo último para que siga su camino en obras de asistencia social y defiende el honor de sus hijos, nietos y bisnietos y el nombre de Guillermo Jenkins Anstead, su esposo fallecido en diciembre de 2016.
Culpó del daño a la Fundación a su hijo mayor que por desgracia lleva sus apellidos, Guillermo Jenkins de Landa.
Sin duda, es una historia que tendrá larga duración, con mucho fondo de por medio.
Periodista. Catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP. Pionera en Puebla de noticiarios y programas de radio con perspectiva de género desde 1997.
