Unos 80 candidatos o precandidatos han sido asesinados durante este proceso electoral que nos llevará a las urnas el 6 de junio próximo.
El caso más reciente fue este jueves, con el homicidio de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a Cajeme, Sonora, y abogado de la familia Le Barón.
Cada una de las muertes, de los homicidios de los políticos en el proceso electoral es triste y reprobable, pero habla de la descomposición del sistema político mexicano.
Esa realidad no se frenó cuando se fue el PRI del poder.
Quizá haya arreciado.
Además de los homicidios están las amenazas y ataques que no concluyeron en homicidios, de candidatos que optaron por abandonar sus postulaciones.
Además, la confrontación entre la 4T y el Instituto Nacional Electoral (INE) no es lo más conveniente para las instituciones ni para la democracia.
Incluso aunque fuera cierto que hay intenciones malsanas de consejeros, la forma de litigarlo debería ser usando la herramienta y la política.
Además de ello, la cancelación de la candidatura de Félix Salgado, en Guerrero, y la reprobable postulación de su inexperta hija deja muy mal parado al partido hegemónico, pues lo muestra como intolerante, impositivo y machista.
Esas características son claras de la nueva realidad política, pero no es bien visto.
Dos casos más: el primero, la aceptación tácita del presidente de que mete las manos en la elección en Nuevo León, y las acusaciones e investigación en contra de los candidatos punteros del estado norteño, abre sospechas y suspicacias; de hecho, el PRD ya denunció al presidente por presunta intromisión electoral.
Todo esto, a tres semanas de la elección, pone en rojo los focos del semáforo electoral, quizá el más violento de la historia.
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