Ernesto Ordaz Moreno
En el pragmatismo implícito que requiere el ejercicio del poder, a través de la política, se debe recurrir al Derecho; si, a esa ciencia o arte que es un producto humano, de índole social cuyo reflejo impacta directamente en la realidad, cuyo resultado puede ser positivo o perfectible. Por ello, una transformación social requiere del Derecho, más aún como alternativa para solucionar conflictos de una realidad compleja, al otorgar seguridad y certeza en la interacción de conductas.
El resultado del ejercicio intelectual del Derecho, al regular una conducta a una norma o regla, es el acto jurídico, que se formaliza en un contrato o convenio, generalmente de manera documental. Sin embargo, la modernidad requiere un grado adicional que otorgue formalidad ágil (documentada) y total certeza-seguridad, no sólo en la calidad del contenido jurídico sino en la conservación del fondo y forma de los acuerdos. El Derecho cubre estas necesidades sociales a través del área Notarial.
La importancia de la actividad notarial es tal que el Estado participa sea al otorgar, por delegación, la fe pública a los profesionales del Derecho, pues se trata de un servicio de índole profesional al que todas las personas deben acceder; sea al regular la función notarial en una ley, con la que se pretende garantizar la eficaz prestación del servicio notarial. Ahora bien, la función debe ser profesional calificada, colegiada, imparcial y libre. De ahí que el Notario deba, además, tener probidad en todos los actos en que intervenga.
Y es así que la complejidad de las relaciones sociales nos lleva a la adición de la comunicación digital en el ámbito del Derecho Notarial, puesto que la modernidad nos lleva a formalizar pactos entre personas y entes jurídicos de forma digital que requieren velocidad en dichos acuerdos, contenidos a prueba de error, adecuados contenidos legales y duración o permanencia de lo pactado, con un alto grado de certeza y seguridad.
A tal efecto, los Notarios Públicos están realizando una transformación de su oficio para adecuarse a esa realidad digital. Y, a la vez, las autoridades deben hacer lo propio. De ahí que, aprovechando que hay próximas elecciones, los candidatos y futuros gobernantes deben procurar en la medida de lo posible, con cierta urgencia, tener programas para invertir en la digitalización y actualización de áreas como el Catastro Municipal y el Registro Público (índole estatal).
La tarea es gigante porque se trata de tener una misma base de datos en la que esté identificado la superficie del municipio por lote o terreno, identificando no sólo al propietario, sino las características de ubicación del inmueble con medidas UTM, los permisos como alineamiento, número oficial, uso de suelo, permisos de inicio de obra, de terminación de construcción, pagos del impuesto predial y del agua potable-alcantarillado, entre otros. Esta base de datos debe compaginarse con la del Registro Público de la Propiedad para determinar la inscripción adecuada (Folio Inmobiliario) de cada predio y que coincida con la base catastral.
Su importancia no es menor, ya que las personas procuran tener certeza y seguridad sobre su propiedad (valor y principio esencial de nuestra sociedad) y por ello, tanto el Estado como los individuos cuidan que las transacciones de sus patrimonios inmobiliarios estén a prueba de acciones fraudulentas y, por ello, la ley exige que se formalice en Escritura Pública, ante la fe de un Notario y éste cuida no sólo la documentación de las partes involucradas (identidad de las personas, identidad del inmueble) sino que esté al corriente en el pago de contribuciones (Predial e Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles o ISABI y derechos), para el efecto de que la inversión esté garantizada (certeza y seguridad), procurando que la acción sea de ganar-ganar.
Bien harán los futuros gobernantes municipales en actualizar programas en áreas catastrales, para no retardar los avalúos de actualización, que son base del pago del ISABI, y así el gobierno obtenga ingresos más rápido y se agilice en su punto idóneo el servicio de certeza y seguridad patrimonial inmobiliario, que se observa en la función notarial, lográndose que gire la rueda de la economía.
