Por Maritza Mena
Los ciudadanos mexicanos tienen el próximo domingo una cita con la historia de nuestro país, en la que decidirán la continuidad del proyecto de Gobierno actual o un cambio de rumbo en las decisiones que han sido tomadas y cobrado altas facturas.
Algunas de ellas son la centralización de los recursos financieros públicos afectando a una de las células más cercanas a la gente que es el municipio, supuestos ahorros en el sector salud que dejaron a miles de mexicanos sin medicamentos y tratamientos, la cancelación de proyectos de alto impacto para nuestro país o la suspensión de programas sociales que ayudaban a las personas menos favorecidas.
Independientemente del impacto negativo que esto ha generado para México y se ha reflejado en las finanzas públicas y en la falta de apoyos reales a sectores sociales y productivos, la participación en 2018 dio legitimidad a quienes hoy se encuentran tomando las decisiones, sin que exista poder político o económico que pueda contrarrestarlas.
Sin embargo, es a través de la participación activa en los procesos electorales como los mexicanos tienen la posibilidad de decidir la continuidad de un proyecto de gobierno o su modificación.
Señales como la concentración del poder en una sola persona, el culto a la personalidad de un líder político o el control de libertades como la de expresión son muestra de que nos encaminamos a la instalación de un régimen totalitario que usó la democracia para querer desmantelarla.
Sin embargo, no existiría poder interno o externo que pueda revertir la consolidación de una forma de gobierno contario al democrático si no existe participación activa de la sociedad a través de los procesos electorales como el que culminará este domingo 6 de junio, porque el pueblo de México habría elegido su libre determinación.
Las elecciones intermedias siempre han sido menos atractivas para los ciudadanos y en este proceso se espera una baja participación que probablemente llegaría al 50 por ciento; sin embargo, la otra mitad optaría por decidir la continuidad o la suspensión del proyecto que se viene instalando en México desde el 1 de diciembre de 2018.
El “derecho de libre determinación de los pueblos” se encuentra protegido al más alto nivel y establecido en el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. Dicho derecho es inalienable y genera obligaciones “erga omnes”, es decir, que se aplica a todos.
Los mexicanos tienen el poder de decidir su propia condición política. Por cualquier opción que decidan será respetada porque parte de un derecho internacional.
