La estrecha relación que guarda México con los Estados Unidos es innegable.
En principio, una frontera lineal de casi 3,200 kilómetros, lo que equivale prácticamente a la distancia entre Puebla y Bogotá en Sudamérica.
Por otra parte, la unidad sociocultural entre los habitantes de ambos lados de la frontera que además de hermanar ciudades, ha generado tradiciones y festividades conjuntas como la Fiesta del Río en Imperial Beach, la Feria de los Moles en los Ángeles y por supuesto, la celebración del cinco de mayo en la Casa Blanca iniciada por el ex presidente George W. Bush en 2001.
Lo anterior no podría explicarse sin una población de más de diez millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos.
Por otra parte, y partir del primero de julio de dos mil veinte que entró en vigor el nuevo tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, se generó un renovado punto de encuentro económico entre las tres naciones, impulsándose así a las industrias agrícola, textil, energética, automotriz, farmacéutica y de equipamiento médico, entre otras.
De hecho, el nuevo acuerdo comercial moderniza su antecedente de 1994 (TLCAN) e incluye en esta versión nuevos apartados tales como comercio electrónico, sector telecomunicaciones, pequeñas y medianas empresas, anticorrupción, facilitación comercial y leyes en materia de propiedad intelectual.
El nuevo contexto comercial sin duda representa también un reto para las todas las empresas beneficiarias del tratado e impone para todas ellas, la obligación de preparase adecuadamente para intercambiar productos y servicios en mejores condiciones, pero con la desventaja de contar con ordenamientos legales dispares.
Esto lo entienden perfectamente bien las empresas estadounidenses, las que contratan los servicios de abogados especialistas en regulación mexicana de diversos sectores para elaborar contratos y otros documentos legales que deban celebrar con sus socios o clientes mexicanos.
Contrariamente a lo que se enseña en muchas escuelas de derecho en México, los abogados mexicanos sí podemos ejercer en territorio estadounidense, a través de una certificación como ForeingLawConsultant (Consultor en Derecho Extranjero) que otorgan las barras de abogados de casi todos los 50 estados de la Unión Americana.
Esta certificación no es poca cosa, además de permitirle a un abogado mexicano ejercer en los Estados Unidos como consultor de una empresa u organización no gubernamental, le permite también asociarse con una firma legal estadounidense o bien, establecer su propia firma en el estado cuya barra lo certifique.
Este interesante tema y otros de gran relevancia y actualidad son abordados en la Maestría en Derecho Corporativo que oferta Posgrados Anáhuac Puebla, enfocada en desarrollar en los estudiantes actitudes, competencias y habilidades, mediante el conocimiento y análisis de las materias jurídicas relacionadas con la empresa, para la toma de decisiones legales de gran efectividad, tanto en el ámbito nacional como en un entorno ya sea de leyes o de estándares internacionales.
Semblanza
Mtro. Roberto Mastachi Molina,Profesor de tiempo completo de la Universidad Anáhuac Puebla y Titular de las materias de Derecho Internacional Público, Inglés Jurídico y Derecho Constitucional Anglosajón.
Semblanza: Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Maestro en Derecho Penal, cuenta con dos diplomados el primero en Docencia y el segundo en Metodologías Activas, ambos por parte de la Universidad Anáhuac Puebla.
