Temas electorales

Por Marcos Rodríguez del Castillo

De acuerdo con la normatividad vigente, misma que ha sido cuestionada en su constitucionalidad y pertinencia, en marzo de 2022 en nuestro país tendrá lugar una consulta pública para preguntar a la ciudadanía si es su voluntad que el actual presidente de la República continúe o no en su encargo.

El primer señalamiento de estudiosos y académicos consiste en analizar y verificar si una norma de esta naturaleza debe aplicarse en este sexenio o hasta el siguiente. El argumento de mayor peso es que los mexicanos elegimos al titular del Poder Ejecutivo Federal por un periodo de seis años y la posibilidad de que concluyera su mandato de forma anticipada no existía en la legislación vigente.

Las normas jurídicas, en ese orden de ideas, no deben aplicarse para quien las crea o publica, sino que su vigencia debe iniciar hasta el siguiente sexenio de acuerdo con el análisis que nos ocupa.

No obstante lo anterior, existe la voluntad de los actores políticos de llevarla a cabo y la obligación legal del Instituto Nacional Electoral de organizarla y dar a conocer sus resultados.

Para este ejercicio, la autoridad electoral solicitará en su presupuesto 3 mil 830 millones de pesos, cantidad suficiente para instalar decenas de miles de casillas a lo largo y ancho del territorio nacional, designar y capacitar a todo un ejército ciudadano que recibirá y contará los votos de las personas que participen, ubicar y acondicionar los espacios en que se ubicarán las mesas receptoras y todo ello aún quizá en medio de la pandemia que obliga a tomar medidas para el cuidado de la salud de funcionarios, observadores y votantes.

Hay también otra posibilidad latente, que el primer domingo de agosto de 2022 se lleve a cabo una nueva consulta popular como la del pasado 1 de agosto, siempre y cuando los sujetos legitimados para hacerlo la soliciten y validen. Para su organización, el INE solicitará una previsión presupuestal de mil 913 millones de pesos.

En caso de que estos ejercicios no se lleven a cabo, el recurso solicitado para su organización será devuelto a la Tesorería de la Federación.

Estas son muestras de democracia participativa que enriquecen nuestro sistema.