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Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) de México, el ente autónomo encargado de la organización de las elecciones, aprobó este viernes posponer la consulta de revocatoria de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por falta de recursos para realizarla.
Los consejeros aprobaron el proyecto del titular del organismo, Lorenzo Córdova, en una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, que se traducirá en la suspensión de la contratación de capacitadores de funcionarios para las más de 161 mil colegios electorales que se tenían previsto instalar para la jornada.
El partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), del presidente López Obrador, dijo que impugnará la medida ante el Tribunal Electoral, ante una acción que el mandatario mexicano calificó como «tácticas dilatorias» durante su conferencia de prensa matutina.
La revocación de mandato, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del presidente López Obrador y ha sido criticada por la oposición por utilizarla como una ratificación y no una revocación de mandato, además de limitar el presupuesto del INE para poder llevarla a cabo.
En su intervención, Córdova insistió en que el instituto no cuenta con presupuesto suficiente para realizar la consulta, después de que el Congreso, con mayoría del oficialista Morena, aprobara un recorte de 4.913 millones de pesos (unos 235.000 dólares) al ente electoral.
Según Córdova, después de que el INE hiciera caso al dictamen del Supremo, se consiguió una bolsa de 1.503 millones de pesos (71,9 millones de dólares), pero afirmó que aún se requieren recursos por más de 3.830 millones (183,7 millones de dólares).
«Todo parece indicar que el presidente de la República quiere que se haga la revocación de mandato, todo parece indicar que la ciudadanía también . Si es así, el INE también lo quiere, pero quiere hacerlo conforme a la ley», señaló el consejero presidente.
El acuerdo no significa que el proceso quede cancelado, ni que se suspenda el proceso de validación de las firmas, sino que el instituto esperará a que la Suprema Corte se posicione sobre, lo que a criterio de los consejeros, es un déficit de presupuesto para poder afrontar la jornada.
El INE presentó el 7 de diciembre una controversia constitucional ante el alto tribunal contra el recorte presupuestario, pero los magistrados resolvieron que el instituto reajustara sus fondos ya aprobados por el Congreso.
Sin embargo, la Corte dejó en claro que no puede atender la queja del organismo hasta que se confirme que se realizará la consulta, que, de acuerdo con la Constitución mexicana, necesita el 3 % del censo electoral, distribuidas en al menos 17 estados del país.
DEMOCRACIA DIRECTA
Tras la decisión de la autoridad electoral, la asociación civil «Que siga la democracia», cercana al partido Morena, señaló en un comunicado que el INE «atenta contra la democracia» en México.
Dijo que los consejeros del INE «deberían concentrar sus esfuerzos en la promoción del ejercicio de esos mecanismos de democracia directa y dejar de continuar desgastándose en la acérrima insistencia de impedir la consulta y atentar contra los derechos constitucionales de los mexicanos».
Además, pidió al órgano electoral tener muy presente, que al reunirse el 3 % del listado nominal en por lo menos 17 estados del país y equivalente a 2,8 millones de firmas, «está obligado constitucionalmente a celebrar el referéndum el próximo 10 de abril» y que hasta este día la asociación le ha entregado más de 3,7 millones de firmas
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, expuso que con base en las facultades que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso presentará «un recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional».
Además, dijo que ante la actitud asumida por la mayoría de consejeros del INE, que determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio organismo público autónomo.
Esto por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros.
