Han pasado algunos días desde el hallazgo en el penal de San Miguel de un bebé presuntamente asesinado. A la fecha, las voces que se escuchan sobre este hecho por demás atroz se limitan a las de los periodistas que informan de manera oportuna.
Sin embargo, callan aquellos que inclusive construyen movimientos a favor de los perros porque son lastimados por el ruido de la pirotecnia, que invaden las redes sociales pidiendo a la sociedad un cambio en su comportamiento.
No existe perdón de la opinión pública para quienes tienen la osadía de maltratar a cualquier animal y se exige con toda la fuerza castigo a los responsables hasta que se da con ellos por la astucia de algún ciudadano que decide invertir horas de su vida para dar con el paradero de los «desalmados».
A la fecha no hay pronunciamiento alguno de cualquiera de los colectivos que protegen los derechos de las mujeres o de la vida.
El asunto del bebé que extraoficialmente ha transcendido, fue usado para introducir sustancias prohibidas al penal, parece que ha quedado como un acto por demás normalizado, y con toda frialdad social pasa desapercibido, así como el caso de la violación y asesinato de una niña de 10 años, como si la muerte de un ser humano, y de uno vulnerable por su edad, fuera un acto natural. Tal vez, la incidencia frecuente de casos ha promovido la normalización de este tipo de violencia radical.
Las cifras que evidencian la situación que enfrenta la niñez mexicana son por demás espeluznantes. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en un estudio de 2021 sobre las niñas, los niños y adolescentes revela que un año los delitos contra este grupo poblacional aumentaron.
La trata de personas creció 27.7 por ciento, el rapto 21 por ciento y el feminicidio 17 por ciento, entre 2019 y 2020. En los casos de feminicidio las mujeres estuvieron involucradas en el 100 por ciento, en el 97.8 por ciento en corrupción de menores, en trata de personas 75 por ciento, mientras que los hombres en el 78.8 por ciento de los homicidios, secuestro en el 66.2 por ciento, lesiones en el 66 por ciento y extorsión en el 52 por ciento.
Ya pesar de que en 2020 se avalaron reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo a menores, ha sido insuficiente para detener la violencia contra este sector de la población.
Mientras la niñez se encuentra en riesgo, la sociedad, que podría ejercer presión para acelerar las investigaciones, actúa de manera pasiva ante este tipo de actos y prefiere castigar con fuerza a los maltratadores de animales. Así actúa y con ello normaliza el asesinato de menores.
@MaritzaMena7
