Las obras públicas y las adquisiciones en México se hacen, o deberían hacer, mediante concursos públicos abiertos, en sobre cerrado, donde se busque la eficiencia en el gasto público mediante conseguir los servicios con calidad al costo más bajo. Esto está escrito en el articulo 134 de la Constitución y aunque su aplicación podría ser imperfecta, es un mecanismo que camina hacia el hecho de que los dineros de todos los mexicanos se gasten bien.
¿Qué sucede en el sector eléctrico actualmente?
Hay dos tipos de usuarios, el de mercado eléctrico o usuario calificado y el usuario básico.
El usuario calificado es el grandote, que tiene más de 1 megawatt de demanda y que puede acceder la energía mediante varios suministradores. Ese compra su energía con quien quiera y al precio que quiera.
El usuario básico, usted y yo, nuestras casas y pequeños negocios, sólo podemos comprar en el suministro básico. Y aquí, la ley protegió al usuario básico ¿cómo?
Para garantizar que se cuente con el costo de energía más bajo posible, el suministrador de servicios básicos (por ahora sólo está CFE, aunque podría haber cuatro más en operación) sólo puede establecer contratos para comprar energía mediante subastas públicas, que en México fueron exitosas imponiendo en su momento costos de energía eléctrica más bajos del mundo. Gracias a eso, los generadores que entraban y vendían energía a CFE son los más baratos y se les paga sólo lo acordado en sus contratos respectivos.
Este mecanismo es transparente, permite la competencia de casi cualquier empresa que pueda ofrecer energía costos competitivos y evita que nosotros, los usuarios, dependamos del mercado eléctrico. Mientras toda la demanda de energía se satisfaga con energía proveniente de subastas, menos se iba a depender de las variaciones de precios del mercado.
¿Qué traería en ese sentido la contrarreforma eléctrica?
Hablemos sólo de lo que se contratará a privados que puede ser de hasta el 46 por ciento de la energía.
La reforma habla de dos formas de adquirir la energía: en el corto y mediano plazo será por despacho económico, pero el artículo segundo transitorio, inciso f, numeral tercero dice que (cita textual):
“La Comisión Federal de Electricidad establecerá las modalidades de contratos necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, como régimen especial distinto a lo establecido en el artículo 134 constitucional; a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, en beneficio de los usuarios finales”.
En pocas palabras, el titular de la CFE tendrá lo que entendemos como discrecionalidad para contratar con quien guste la energía eléctrica que después nos revenderá a los mexicanos.
Vaya: en lugar de establecer un mecanismo público, tipo subastas, lo que habrá es que quien dirija esto tendrá libertad de establecer contratos con quien quiera, como quiera, al costo que quiera y sin que nos enteremos los mexicanos que hubo detrás de esto.
Si consideramos que en México tenemos capacidad de generación eléctrica privada mayor al 46 por ciento del total (actualmente entregan más del 60 por ciento) hay una parte que se quedaría afuera.
Hay algunas empresas que, al perder sus permisos y contratos, en automático tendrían que iniciar un proceso de arbitraje contra el Estado Mexicano, pues además sus mecanismos corporativos les prohiben negociaciones en lo oscurito.
Pero sin duda podría haber empresas que negocien, que buscarán evitar que sus plantas dejen de operar y se vuelvan fierros parados sin generar energía. Y ahí es donde los mexicanos tenemos todo que perder.
¿Por qué?
Ahí es donde la negociación en lo oscurito se impondrá, donde quien negocie esos contratos podría buscar tratos que le hagan acceder a casas blancas, grises o incrementar su negocio inmobiliario. Al fin que tendrá todo el poder, se podrá autorregular y poner sus propias tarifas.
Y cómo dijo un asistente apartamento abierto: “imaginen si en quince años llega un funcionario público corrupto”. Pues tendrá todo ese poder.
