La doctora Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), recibirá el campus posiblemente este 22 del presente mes para que pronto, la comunidad estudiantil pueda regresar a las actividades de manera presencial.
Lo anterior se da a conocer en la cuenta oficial de twitter de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), que confirma que este 21 de febrero Anaya Berríos acudió a un juzgado en Cholula para acordar la entrega del campus.
«La Rectora de la #UDLAP, Cecilia Anaya Berríos, acudió a un juzgado en Cholula para acordar la entrega de la Universidad al Patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa. Se reitera disposición para que se devuelvan las instalaciones. #UDLAPLibre».
Lo anterior se da luego de que el patronato legalmente constituido, encabezado por Horacio Magaña, informó el pasado 16 del presente mes que el día 15 el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dejó sin efectos el juicio de amparo promovido por los integrantes removidos del patronato de la Fundación UDLAP, avalado por la FMSJ, por lo que ya no existe excusa alguna para que las autoridades universitarias retomen las actividades.
«En los últimos meses, el Patronato removido ha intentado crear confusión en la opinión pública bajo la supuesta existencia de una suspensión de amparo que ordena su restitución. Con este pretexto se han negado a cumplir con sus deberes frente a la comunidad UDLAP.
«Si bien esa suspensión jamás se otorgó en esos términos, el juicio de amparo se ha declarado ya improcedente».
Se agrega que el pasado 11 de febrero, la doctora Cecilia Anaya Berríos compareció ante el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula para oponerse a asumir la posesión jurídica y material de la Universidad, bajo el argumento de la existencia de la supuesta suspensión en el juicio de amparo.
Por lo anterior y tras que el juicio concluyó por improcedente, el patronato legal, que dirige Horacio Magaña reiteró a la comunidad UDLAP a que se privilegie el interés superior de los estudiantes, así como los derechos de los académicos, investigadores y trabajadores.
En ese mismo documento se enfatizó que: «Los procedimientos administrativos y penales de los integrantes removidos del Patronato deben seguir su curso legal. La Universidad no es parte del debate jurídico sobre la presunta responsabilidad personal. La UDLAP merece retomar su normalidad sin pretextos o excusas».
