La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes por unanimidad una norma que prohíbe a altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público, como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).
En un comunicado, el SCJN informó de que invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, ‘que establecía una restricción de 10 años’ para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.
De acuerdo con la Corte, ‘la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo quinto de la Constitución mexicana’.
Es inválida la disposición de la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohibe laborar en el sector privado por 10 años después de ejercer el servicio público, toda vez que afecta de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada la libertad de trabajo. pic.twitter.com/nhrmjjqg7k
— Suprema Corte (@SCJN) April 4, 2022
Esto porque ‘impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada’.
«La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida».
Proyecto de la ministra Norma Piña Hernández.
En octubre de 2019, la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Austeridad Republicana, considerada una de las principales propuestas electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Ley Federal de Austeridad Republicana ya está en la Constitución.
— Gobierno de México (@GobiernoMX) April 16, 2021
El funcionario que quiera ganar mucho dinero, está en libertad de hacerlo, pero en el sector privado o por su cuenta.
Los servidores de la nación deben pensar en el pueblo antes que en su bolsillo. pic.twitter.com/5F5gPcZbbt
En su artículo 24, la LFAR establece la prohibición para que los funcionarios de mando superior que se separen de su cargo no podrán trabajar durante 10 años para empresas a las que hayan supervisado, regulado o de las cuales hayan tenido información privilegiado.
En México y otras partes del mundo el paso sin obstáculos de altos funcionarios entre los sectores público y privado es conocido como puertas giratorias y viene del término en inglés revolving doors.
Este se refiere a que los funcionarios públicos primero legislan o imponen leyes que benefician a ciertas empresas privadas y después, cuando dejan los cargos públicos, pasan a formar parte de esas empresas o de sus consejos de administración.
EFE
Fotos de SCJN y Twitter @TEPJF_informa
