Latinoamérica, con una cobertura promedio de entre el 55 y 60 por ciento, requiere una ‘mayor acción pública’ para lograr que un 100 por ciento de su población tenga acceso al agua, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El administrador asistente y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López-Calva, analizó en una entrevista la situación regional de acceso al agua, que junto al saneamiento es el sexto de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
‘El porcentaje de cobertura al que aspiramos es 100 por ciento’, puntualizó López-Calva, para quien el mensaje del PNUD no pretende ser de ‘optimismo, sino más bien un llamado a mucha mayor acción pública’.
Una brecha muy grande
Al referirse al panorama regional, estimó que la cobertura de agua está ‘alrededor del 60’ o ‘entre 55 y 60 por ciento’.
«Es una brecha muy grande que tenemos que insistir en cubrir».
López-Calva llamó la atención sobre la ‘enorme heterogeneidad’ que existe entre los países en términos de acceso al agua, y que vinculó a aspectos como el nivel de desarrollo, ingresos, regulación o institucional.
Pero también alertó sobre la ‘inequidad’ que se vive al interior de los mismos países, al explicar que pese a que algunos cuentan con una cobertura amplia en la provisión de agua, el acceso a este recurso puede ser heterogéneo de un territorio a otro.
«La región tiene unos déficits enormes, tanto en promedio como región como al interior de los países».
El delegado internacional defendió el acceso al agua como ‘un derecho’. En todo caso, observó que en la actualidad no existe una ‘escasez de agua estructural’ que se pronostica sea una de las consecuencias del cambio climático, sino una ‘mala gobernanza’ de este recurso.
De allí que señaló la importancia de tener un Estado ‘fuerte’ y con ‘decisión de invertir en infraestructura para poder llevar el agua a todos los ciudadanos’.
Para los casos en los que se requiera financiamiento, recomendó analizar los mecanismos que permitan al sector privado intervenir en la inversión en infraestructura, aunque aclaró que cada país debe debatir este asunto ‘de manera soberana’.
Además, respaldó que se involucre a los ciudadanos en la gestión comunitaria de los recursos naturales.
Uno de estos casos que citó como ejemplo es el de la comunidad de Teniente Martínez, en Paraguay, donde pobladores y autoridades locales han apoyado la implementación de ‘basadas en la naturaleza’. En ese lugar, se instaló una planta potabilizadora de agua y una red de distribución con el financiamiento del PNUD.
También incluyó como parte de los compromisos de la gobernanza que se proteja el recurso hídrico.
«Según las estimaciones, para el 2050, que no es muy lejos, estaríamos hablando de que alrededor del 50 por ciento de la población tendría problemas de acceso al agua, si se mantiene la tendencia actual».
En tal sentido, subrayó que el acceso al agua ‘es un problema ya de emergencia’ y defendió como ‘válido’ y ‘pertinente’ hacer un llamado a los países de la región para que avancen en este aspecto y vayan ‘más allá de los promedios’.
Para ello pidió poner este tema ‘sobre la mesa como una prioridad muy importante para los Gobiernos’, al subrayar que Latinoamérica ‘en general’ está todavía rezagado en el logro de una cobertura universal.
En especial, llamó a que se superen las desigualdades en el acceso a este recurso, al señalar el impacto que esta situación tiene entre ciertos grupos étnicos o entre mujeres y niños, en quienes se delega el transporte del agua, muchas veces desde lugares distantes.
EFE
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