El país enfrenta un grave problema de violencia hacia las mujeres.
Mujeres sufren agresiones verbales y físicas, muchas de las cuales llegan a cobrarles la vida.
Es cierto que en el caso de Cecilia Monzón hay indicios que hacen pensar que se trató de una ejecución ordenada por un autor intelectual.
Ya lo confirmó el gobernador Miguel Barbosa. Intuye que hay un hombre que ordenó el crimen.
El tema es la incapacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones de seguridad a las mujeres.
Y no me refiero a asignar policías en las calles que cuiden a las mujeres, sino a un modelo, política pública que reduzca la impunidad, frene la agresión masculina y persiga eficientemente los delitos, con lo que puede reducirse el índice de violencia hacia las mujeres.
El de Cecilia no es un asunto familiar, como ocurre en muchos de los episodios de violencia dentro del hogar.
Tampoco es viable que las mujeres aprendan a cuidarse 100 por ciento de todos los peligros externos, pero debe haber una política pública sensata que dirija el gobierno federal, mismo si de algo adolece es de sensatez.
Urge dar con los responsables. Urge que haya castigo. Urge que estos delitos no se repitan.
Muchas gracias.
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