Sin duda uno de los mayores retos que enfrentaremos el próximo Periodo Ordinario de Sesiones que arranca en septiembre será la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.
Muchas son las aristas que se pueden y deben abordar en la definición y discusión del PEF2023. Como legisladores, tenemos la gran responsabilidad de avalar un gasto fuerte que detone crecimiento y bienestar para toda la población en el territorio nacional.
La tragedia humana que viven los migrantes y las balaceras cada vez más frecuentes en otrora municipios pacíficos del país, en ambos casos son consecuencia de la ausencia de presupuestos y políticas públicas para atenderlos, tanto en su existencia como en sus causas.
Hoy más que nunca los recursos del Gobierno Federal deben de canalizarse a proyectos y programas estratégicos que generen riqueza y fuentes de empleo para que los mexicanos dejen de buscar mejores oportunidades fuera de su tierra.
Lamentablemente la migración nos ha dejado desgarradoras historias como la muerte de 51 personas, 27 de ellos de origen mexicanos que fueron abandonados en el contenedor de un tráiler en San Antonio Texas.
Esto demuestra que las cosas en el país no marchan bien, la gente no tiene trabajo y sí lo tienen, son de baja remuneración, lo cual no alcanza para garantizar una vida digna.
Recordemos que el fenómeno migratorio responde a la búsqueda de mejores oportunidades laborales, económicas y de seguridad.
Por tal razón, resulta de vital importancia la adopción de políticas públicas de carácter emergente con el objetivo de que las y los mexicanos no se vean forzados a migrar a otros países en búsqueda de mejores oportunidades.
Y otro tema que depende directamente del presupuesto es el tema de seguridad. Es menester que los cuerpos de seguridad en los estados y municipios reciban los recursos necesarios para equipamiento y capacitación.
Con la desaparición del Fortaseg para el ejercicio fiscal 2021 se acabó por desmantelar las estrategias de fortalecimiento de la seguridad de los municipios más afectados por el crimen.
Hasta 2020 dio recursos por 4.3 mil mdp a 286 municipios, los cuales se destinaban a comprar patrullas, chalecos antibalas, uniformes, municiones, pagar controles de confianza de policía y equipamiento en general para las fuerzas de seguridad.
Además, servían para la homologación policial, conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia».
Sin embargo, todos estos recortes han tenido sus efectos, mayor violencia y menor combate a la delincuencia organizada.
México se ha convertido en tierra de nadie, donde las extorciones, homicidios y ejecuciones son el pan de todos los días.
Es por ello, que desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debemos de lograr acuerdos y encontrar mecanismos de solución a los grandes problemas que el país está viviendo.
*Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
