Aún queda un largo camino por recorrer para que las autoridades de diversos órdenes de gobierno ofrezcan atención adecuada a las víctimas que sufren cualquier situación que pone en riesgo su vida y la de su familia, así como marcos legales que se ajusten a comportamientos antisociales que van en aumento.
Ejemplo de ello son los casos de ataques con ácido que han ocurrido en el estado en lo que va del año, los cuales parecieran hechos aislados; sin embargo, son crímenes de odio que buscan dejar marcada de por vida a las mujeres y una antesala del feminicidio.
Los datos sobre violencia intrafamiliar, por ejemplo, son alarmantes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los delitos se duplicaron en términos anuales de 2015 a 2021.
En 2015, el SESNSP tenía registradas 127 mil 424 carpetas de investigación, para 2016 subieron a 153 mil 893; en 2017 fueron 169 mil 579; en 2018 180 mil 187 denuncias, en 2019 se registraron 210 mil 188; en 2020 llegaron a 220 mil 31 y para finales de 2021 se alcanzó la cifra de 253 mil 736.
Asimismo, de los ataques con ácido, que no pueden encasillarse como agresiones comunes con penas simples, por desgracia, no se tienen registros oficiales sobre la cantidad de hechos de esta naturaleza; sin embargo, la Fundación Carmen Sánchez ha contabilizado 28 casos en dos décadas en todo el país.
Recientemente en la colonia Galaxia de Amalucan una mujer fue atacada con ácido. La madre de la víctima señala que existen cámaras de video vigilancia en la zona, que podrían dar con el paradero de quien trató de dañarla y pide que el delito no quede impune.
Mientras tanto, el esposo de la afectada expuso que los procesos que siguen las autoridades son tardados y molestos, pues ella aún no puede salir y la ocasión que lo hizo por llamado de las autoridades su rostro se le hinchó por causa de los efectos del clima.
Lo anterior es muestra de que no existe la atención necesaria a las personas que sufren ataques de esta naturaleza, y tampoco penas suficientes para el daño de por vida que les causa a las víctimas de la violencia ácida, muchas de ellas, siguen un largo y doloroso proceso a lo largo de su existencia, si con suerte quedan con vida.
Existe una inactiva de Ley en el Congreso del Estado de Puebla que busca imponer penas y multas elevadas a quienes agredan con cualquier tipo de corrosivo, este podría ser un primer paso para erradicar acciones que no deben por ningún motivo normalizarse.
