Derzu Daniel Ramírez Ortiz, director de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UPAEP, enfatizó la postura del presidente de México en su discurso político, reducen los márgenes de negociación y maniobra de México contra los Estados Unidos (EE.UU) en la controversia que está en curso con respecto a la reforma energética, enfatizó Derzu Daniel Ramírez Ortiz, Director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UPAEP.
Señalo que, el 20 de julio del año pasado, el representante comercial de USTR de Estados Unidos solicitó la activación del mecanismo de controversias del capítulo 31 del T-MEC (acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), en donde los norteamericanos argumentan que varias disposiciones y acciones en la política energética mexicana contravienen los derechos de las empresas estadounidenses inscritos en este tratado de libre comercio que entró en funciones en el 2020.
Uno de los principales argumentos de EE.UU dicta que el gobierno mexicano viola precipitadamente el principio del trato nacional, es decir, le otorga ciertos privilegios en cuestión de comercialización de hidrocarburos y en cuestión de despacho eléctrico a la CFE y a PEMEX y con ello, discrimina directamente a las empresas estadounidenses productoras de energía que se encuentran en el país. A este reclamo, ya se sumó Canadá y anunció que va a generar su propio mecanismo de controversias en contra de México.
Dentro del mismo margen, indicó que este proceso de controversias comprende tres etapas, la primera que ya está en curso, consiste en una serie de consultas en donde se busca que el gobierno de los Estados Unidos y el de México, traten de llegar a una solución mutuamente acordada y evitar que este diferendo continúe. De no concretarse el acuerdo, para mediados de octubre de este año, se dará paso a la segunda etapa, en el que un panel de árbitros, se encargarán de determinar cuál de los dos gobiernos tiene la razón, sin dejar espacio para una posible negociación. Cabe señalar que el grupo de especialistas tiene 6 meses para dar a conocer su veredicto y estaríamos hablando de abril de 2023.
La tercera etapa tiene como escenario en caso de que México pierda el arbitraje, tendría 45 días para corregir su comportamiento y hacer adecuaciones necesarias para dejar de transgredir el tratado. La reclamación es de 10 mil millones de dólares. Esto es 5 veces el monto de remesas que Puebla captó en 2021. Además de que en un escenario así, los países eligen muy bien a qué productos o servicios poner aranceles para causar la máxima presión y hacer que el país sancionado corrija sus prácticas.
Por lo contrario, Derzu Ramírez añadió que, de acuerdo a las reglas y a la interpretación jurídica de los tratados de libre comercio, México tiene mayores posibilidades de perder, puesto que, si bien, el Capítulo 8 reafirma el dominio de los países sobre sus hidrocarburos y su derecho soberano de regularlos, en ningún momento el tratado dispone que puede transgredir la libre competencia.
“Lo que ha servido como fuente de confianza para el gobierno mexicano y decir que ellos tienen la razón y que realmente no están vulnerando ninguna disposición del tratado de libre comercio”.
Derzu Daniel Ramírez Ortiz
Aunado a ello, la controversia se utiliza con fines de política interna, estipulada en el discurso de la defensa de la soberanía en contra de las empresas extranjeras tal y como lo mencionó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
En ese sentido, Ramírez Ortiz expresó que esta postura puede servir al partido en el poder en términos de discurso político, pero reduce el margen de negociación y maniobra de México contra los Estados Unidos. Por lo tanto, sí el presidente hace tema central la defensa de la soberanía energética, se reducirán las posibilidades de solventar un acuerdo.
“Si el arbitraje se materializa y México pierde, y el presidente se sigue atrincherando en este discurso, también será más difícil hacer modificaciones al marco jurídico y por lo tanto la posibilidad de enfrentar aranceles se acrecentará”.
Derzu Daniel Ramírez Ortiz
Señaló que los actores económicos externos confirman una vez más que la postura del presidente mexicano y su partido es la de subordinar a la economía a los intereses políticos del partido en el poder. Es una tendencia que se ha visto desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta ahora con esto.
Advirtió que este tipo de acciones lo que produce es mandar un mensaje de incertidumbre a los inversionistas, de que sus inversiones van a estar a expensas de las necesidades políticas y electorales del partido e incrementar la división social y política en el país.
Por último, comentó que este atrincheramiento en la idea de que la energía debe producirse y transferirse por monopolios públicos, aunque sean ineficientes y contaminantes y no por entidades que lo hagan más barato y más limpio. De seguir esta política no sólo va a ser contraproducente para el equilibrio ecológico y la salud de los mexicanos, sino que amenaza con dejar fuera a México de los mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá y Europa.
