Diputados recibieron y dieron entrada a la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para establecer criterios que impidan la designación de jefes de la Policía Municipal con vínculos delincuenciales y la contratación de uniformados que no estén certificados.
Durante la sesión pública ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Néstor Camarillo Medina, dio cuenta a los diputados presentes en el Pleno sobre la reforma al Código Penal y la Ley Orgánica Municipal.
El documento establece sanciones hasta 7 años de prisión para los alcaldes que designen a un secretario o director de seguridad pública sin tener la certeza de que son personas honestas y sin ningún nexo con grupos criminales.
Además, la reforma considera una sanción de cárcel para los policías municipales que ejerzan el cargo sin tener el Certificado Único Policial o acepten ser contratados sin tener la capacitación y certificación correspondiente.
“Se da cuenta del oficio SEGOB/2045/2022 de la Secretaría de Gobernación del Estado quien por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo remite la iniciativa de reforma de decreto que modifica el artículo 418 y se adiciona las fracciones XVI Bis y Ter al artículo 419 del Código Penal”.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidades de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente y después sea enviada al Pleno del Congreso.
Foto de Mara González / Agencia Enfoque
