Comisiones legislativas aprobaron en el Congreso de Puebla la aplicación de una pena de cárcel para quienes operen un centro de rehabilitación de adicciones, conocidos como anexos, o brinden atención sin tener una certificación.
Durante la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el presidente, Eduardo Castillo López, señaló que es necesario regular el funcionamiento de estos lugares para evitar la violación de derechos humanos.
Expuso que desafortunadamente dentro de los anexos se comente actos que vulneran la dignidad humana bajo el pretexto de formar parte de un proceso de rehabilitación y en algunos casos la violencia ejercida termina con la vida de los pacientes.
De acuerdo con la reforma al Código Penal aprobada, en comisiones, se impondrá de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien opere un anexo sin tener los permisos necesarios.
Además, que se aplicará esta misma sanción a la persona que ofrezca algún tipo de terapia o preste servicios de atención a la salud mental y adicciones sin estar certificado por alguna institución.
