El «plan b» del oficialismo se aprobó de madrugada, como para no ser visto, el cual consiste en una serie de modificaciones a seis leyes secundarias, tras el fracaso de modificar la Constitución.
Algunos de los cambios que se pretendían hacer son eliminar el Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyos funcionarios iban a ser electos por voto de los ciudadanos.
Un riesgo cuando en los hechos, quienes ocupan cargos de primer nivel demuestran su falta de experiencia en rubros fundamentales como la educación o la protección de los derechos humanos, por citar algunos.
La reforma que fue desechada el pasado martes buscaba eliminar además a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y los Tribunales Electorales, lo que significaría centralizar los procesos locales, y por supuesto, habría despidos.
Estos cambios radicales a las reglas del juego provocarían que se anulara la competencia política al retirar el presupuesto público para actividades ordinarias, además permitía el financiamiento privado, sin reglas claras, abriendo la puerta a recursos de procedencia ilícita.
Por el rechazo a estos cambios los ciudadanos mexicanos salimos a las calles el pasado 13 de noviembre, para evitar que se consumara una traición a las reglas del juego que aceptó el mandatario mexicano cuando rindió protesta en 2018.
El martes su iniciativa para reformar la Constitución no pasó porque requería mayoría calificada, que ya no tiene, pero en la madrugada del miércoles, aplicó su «plan b», una reforma forzada, en la que no hubo análisis, y por consiguiente no garantiza estabilidad al no tener de acuerdo a la mayoría de las bancadas.
Los cambios serán a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La actitud en contra de la oposición y gran parte de los mexicanos que no están dispuestos a que el sistema electoral cambie, por la crisis de gobernanza y la tolerancia al crimen y la injusticia, parece de revancha y su plan «b», con «v» de venganza, el cual está lejos de generar beneficios a nuestra incipiente democracia.
