En los próximos días habremos de observar la deliberación que llevará a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron en contra de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Social y Administrativas del denominado Plan B de Reforma Electoral que aprobó el Congreso de la Unión.
Es inadmisible que en la Ley General de Comunicación Social, el grupo mayoritario aprobó vía Fast Track sin un análisis claro y objetivo varias de sus implicaciones, se impuso por ejemplo, un tope de 0.1% del presupuesto para gastos publicitarios a todos los entes públicos, lo que pone en desventaja a las demás instancias gubernamentales e institutos políticos, para informar a la ciudadanía de las diferentes propuestas que hay en el país de cara a los próximos comicios frente al actuar por el contrario que despliega todos los días el actual Gobierno Federal, en el caso concreto tan solo de las mañaneras, calificada por especialistas más que ejercicios informativos como actos propagandísticos del Ejecutivo Federal y el Gobierno de la 4T que encabeza.
Es claro que esta serie de disposiciones limitan el gasto publicitario de los tres órdenes de gobierno y que pone en conflicto la obligación de la máxima publicidad.
No cabe duda que el partido en el gobierno, está coartando de alguna forma la libertad de expresión, generando por un lado condiciones de inequidad y por otro definitivamente de parcialidad.
Es un hecho que en los últimos años la reducción del presupuesto de publicidad ha sido la constante, adicionalmente la transformación que sufren los medios por el uso masivo de nuevas tecnologías ha provocado una crisis en numerosos medios de comunicación, que se ha materializado en frecuentes despidos masivos de periodistas y personal administrativo, el cierre de espacios informativos y profundizando la precariedad en las contrataciones de periodistas por abajo del mínimo profesional que este año se fijó en poco menos de 14 mil pesos mensuales.
Pareciera que la embestida contra la democracia cobra distintos actores, los partidos políticos, el INE y algunos de sus consejeros, y también se ha puesto en la mira a los medios de comunicación, muchos de ellos permanentemente amenazados, particularmente aquellos que se encuentran en constante critica a los gobiernos de la 4T.
Urge en ese sentido que la SCJN defina al respecto, la legalidad o no de los ordenamientos aprobados, por la forma y por el fondo, finalmente lo que está en juego en estas dos acciones de inconstitucionalidad presentadas y de las que se podrían sumarse en los próximos días, es la libertad de expresión, uno de los rasgos que los países democráticos deben cuidar.
De otra forma, preocupa que la entrada en vigor de la Reforma Electoral, favorezca justo lo que se había eliminado, la condición de ventaja del gobierno en turno, en este caso de Morena y que influya en las elecciones desde el poder y en detrimento de la democracia.
