El Senado de la República aprobó con 84 votos a favor la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el cual será de carácter público y comprenderá diversas limitantes para las personas registradas.
Esta acción corresponde al compromiso que pactó la Cámara de Senadores con la de Diputados para darle celeridad a aquellas reformas que han estado en la congeladora y que requerían destrabarse a favor de las y los mexicanos, tal como lo expresó en su momento el presidente de la Cámara Alta, el morenista Alejandro Armenta.
Hay que mencionar que la minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados hace 4 años y rescatada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, siendo aprobada por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera este miércoles 22 de febrero para ser remitida al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En ese contexto, el senador Alejandro Armenta especificó que este proyecto, forma parte de una serie de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que personas deudoras de manutención cumplan con sus obligaciones y menores de edad puedan gozar de la pensión alimenticia.
Con la aprobación de esta reforma, cada persona deberá presentar el certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios para la realización de ciertos trámites, tales como: solicitud de permisos y licencias para conducir; trámite de pasaporte o documento de identidad de viaje, así como trámites ante notario, referentes a la compra-venta de inmuebles y cesión de derechos.
Una parte medular es que, con estos cambios, si una persona sea mujer u hombre está como deudor alimentario moroso, estará impedido para participar como candidato a cargos de elección popular o cargos concejiles, ni se podrá ser parte de procesos para la designación de personas juzgadoras (magistrados o ministros); tampoco podrá salir del país si evade sus responsabilidades alimentarias.
Con estas reformas, el Senado de la República contribuye a que niñas, niños y adolescentes, tengan el derecho a los alimentos, a sus estudios y sano esparcimiento para su desarrollo a través de esta obligatoriedad por ley.
