La transición energética es un compromiso del país ante el mundo, compromiso de carácter Constitucional al ser ratificado por el Senado. La transición es reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como el bióxido de carbono, que mandamos a la atmósfera.
En el sector energético había dos formas para cumplir, castigar a los que generaban con fuentes sucias o incentivar la inversión en fuentes limpias.
Se optó por lo segundo y crearon los Certificados de Energía Limpia, que se entregan por cada megawatt-hora de energía limpia que genera una central limpia nueva.
Este gobierno nunca lo entendió y quiso dar certificados a todas las fuentes de energía limpia; afortunadamente el poder judicial detuvo esa arbitrariedad.
Pero los CEL no son perfectos.
Por ejemplo, no tienen trazabilidad. O sea, si alguien genera energía con cualquiera de las fuentes que la ley reconoce como limpia (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, nuclear) al generador se le otorgaba el CEL, luego este lo vendía a un suministrado. Este a su vez los vende y acredita al usuarios finales, sin saber de qué central eléctrica o tecnología venían.
¿Cuál es el problema? Que algunas empresas extranjeras deben demostrar a sus corporativos que consumen un porcentaje de su energía (o en algunos casos toda) proveniente de fuentes limpias. Pero en algunos países las hidroeléctricas no se consideran limpias. Entonces, al no ser rastreable el origen de los CEL, podrían venir de hidroeléctricas. Entonces no les servían y tenían que comprar CEL para cumplir la ley mexicana y otro tipo de certificado para cumplir con sus obligaciones.
Esto ¿se puede corregir? ¡Claro! Y está en manos de la Comisión Reguladora de Energía hacerlo. Pero el tema ni siquiera ha sido abordado.
En lugar de eso, la semana pasada la CRE terminó por volver sucios los certificados de energía limpia.
Resulta que el presidente dijo cumpliremos con nuestras obligaciones internacionales en materia de energía limpias. Para lograrlo, hay que duplicar la cantidad de parques eólicos y solares en un año. Imposible.
Entonces, la CRE movió algo para ayudarle al presidente. La semana pasada hicieron una modificación de criterios que ahora permite a las centrales de ciclo combinado, que generan a partir de gas natural, un combustible fósil, reconocer hasta un tercio de su energía como cogeneración y por tanto energía limpia, bajo el pretexto de que esa energía se genera con vapor. La cogeneración originalmente considera el uso del calor residual de la industria para generar energía. Este no es el caso.
Si consideramos que el 60 por ciento de la energía del país viene de estas centrales, el cambio de la CRE podría llevar a que el 20 por ciento de la energía del país, generada a partir de gas, se considere limpia.
El objetivo de la ley es llegar a 35 por ciento de energía limpia, pero el bloqueo del gobierno a proyectos mantenía el porcentaje por ahí del 26 por ciento; con la nueva idea de la CRE pasaríamos a 46 por ciento por decreto, sin que haya un solo watt más de capacidad de generación limpia. No reducen emisiones (objetivo de la transición) y solo maquillan una cifra.
Pero a las empresas que queremos que inviertan o que ya están en el país eso de nada les sirve. Ahora para cumplir con la ley deberán comprar CEL y para cumplir con sus corporativos deberán comprar otro tipo de certificados. Eso encarece la inversión, complica el nearshoring que tanto se ha cacareado, dificulta el crecimiento económico y la creación de empleos.
Al final, todo este daño es causado por la política energética que bloqueó la transición energética, la inversión privada en el sector energético, sobre todo en energía limpia. Ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones y el “compromiso” del presidente de cumplir, la solución de la CRE fue intentar engañar al mundo, aunque sólo se engañen a sí mismos.
Y cómo todo en este gobierno, hicieron algo para no solucionar absolutamente nada.
