Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional de Perú, declaró que es necesaria la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pese a que en 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó mantener su condena por la solicitud de indulto del Tribunal desde 2017.
«Alberto Fujimori debe ser liberado de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional».
Esto luego de que la potestad de elección de liberación se otorgó a un juez local. Los argumentos de su liberación son objeto de controversia y debate en la opinión pública.
Su mandato, que inicialmente gozó de popularidad, se caracterizó por medidas drásticas para combatir la inflación y el terrorismo, pero también por crímenes de lesa humanidad y casos de corrupción.
Fujimori en el poder
Alberto Fujimori, nacido el 28 de julio de 1938, asumió la presidencia de Perú en 1990 con un discurso populista y promesas de reformas económicas.
En el año 2000, Fujimori huyó a Japón en medio de acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, en 2005, fue arrestado en Chile y extraditado a Perú para enfrentar múltiples cargos. En 2007, fue condenado a 25 años por los crímenes de los escuadrones de muerte del Gobierno.
En 2017, el Tribunal Constitucional de Perú otorgó el indulto humanitario a Fujimori, pues su defensa alegó problemas cardíacos y otros problemas médicos.
La Corte Suprema lo anuló en 2019, pero el Tribunal lo restituyó en 2022, por lo que la CIDH hizo un llamado de atención al legislativo de Perú por no preocuparse de velar por los derechos humanos de sus connacionales.
En general, a lo largo de los años, el debate sobre la liberación de Fujimori ha sido constante a causa de la falta de justicia pertinentes para las víctimas, sus familiares, la memoria histórica y la reconciliación en Perú.
Los seguidores negacionistas de la dictadura de Fujimori destacan los éxitos económicos de su Gobierno sobre los crímenes cometidos. Por otro lado, críticos y defensores de los derechos humanos argumentan que su condena debe mantenerse para evitar la impunidad.
Fotos: Amnistía Internacional
