En términos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete: 1. Al Presidente de la República, 2. A las Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, 3. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, y 4. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.
Para efectos del presente artículo, me referiré a dicho derecho por parte del Presidente de la República, en el cual se enmarca la presentación de un paquete de 20 Iniciativas, de las cuales 18 corresponden a reformas constitucionales, proponiendo reformas a 48 artículos y dos iniciativas de reforma a 42 leyes reglamentarias.
Las iniciativas abordan diversas materias en los rubros de sistema político y seguridad, programas sociales, derechos sociales y pensiones y administración pública, como parte de este último, la simplificación orgánica y desaparición de órganos autónomos.
La magnitud de las iniciativas presentadas y el hecho de que sea impulsado en la etapa final de un gobierno que se ha distinguido por el desinterés en lograr acuerdos con otras fuerzas políticas, permite suponer que la presentación tiene como objetivos, imponer la agenda de discusión pública en la última etapa del mandato del Presidente y el perfilar el programa político y la agenda legislativa de la próxima administración. Diversos analistas la califican como un paquete con fines electorales.
En este contexto, el Presidente ha ejercido un derecho constitucional, pero es oportuno preguntarnos si moralmente es correcto que envíe un paquete de 20 iniciativas a solo unos meses de que concluya su sexenio. Por cierto, durante el último periodo ordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión.
¿Se vale que el presidente persista en su interés de minar el equilibrio de poderes y la vida democrática del país, al promover enmiendas para desdibujar a los otros poderes de la Unión y desaparecer a los órganos autónomos?
Estas interrogantes son a propósito de que las iniciativas enviadas, además de que su tránsito se ve accidentado en el trámite legislativo, crea un clima de confusión entre los ciudadanos y continua con una narrativa que polariza a la población en el país, de cara a la contienda electoral del 2 de junio.
La probabilidad de la aprobación de las propuestas del titular del Ejecutivo Federal, es incierta, en virtud de que las reformas de carácter constitucional requieren de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Unión y Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada en ambas cámaras. Además, como oposición, PRI, PAN, PRD y en algunas ocasiones Movimiento Ciudadano, hemos sido firmes en rechazar propuestas que atentan contra instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que fueron creadas como contrapeso del poder público.
En este sentido, destacó coincidencias para fortalecer los derechos de la fuerza laboral del país, como salarios y pensiones, en las que encontrarán respaldo de las fuerzas políticas de la oposición, pero sería conveniente que estos temas no se aborden solo desde la perspectiva electoral y además que su viabilidad financiera vaya acompañada, por ejemplo, del debate respecto de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y la restitución de programas que han sido cancelados en beneficio de madres trabajadores, como fue el caso de las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo entre otros.
Las fuerzas políticas de la oposición, PRI, PAN y PRD, estaremos impulsando un dialogo propositivo que permita el enriquecimiento de algunas de las Iniciativas, pero también el posible desechamiento de otras, la mayoría, por representar una regresión a los equilibrios democráticos, a la transparencia, rendición de cuentas, competencia económica y protección de los derechos humanos.
Como legisladores no podemos permitir que el trabajo legislativo se quiera utilizar como una extensión de propaganda electoral. El trabajo legislativo consiste en crear y modificar leyes, normas y los reglamentos necesarios para el óptimo funcionamiento de la sociedad, que haga sentido a los representados.
*Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI
