La incertidumbre jurídica y económica, en particular para inversionistas internacionales y la relación comercial con Estados Unidos, que ha desatado la polémica reforma judicial aprobada esta semana en México definirá el comienzo y el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum.
El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que el domingo promulgará la reforma para que a partir de 2025 haya elecciones populares de jueces, magistrados y de la Suprema Corte, por lo que Sheinbaum, quien asume el 1 de octubre, será la encargada de garantizar estos primeros comicios judiciales.
Aunque ya se aprobó la iniciativa constitucional, «todavía hay mucha incertidumbre» porque faltan las leyes secundarias que definirán las reglas de la inédita elección, advirtió Mariano Calderón, experto en derecho constitucional y de litigio de la firma Santamarina y Steta, a EFE.
«Se tiene que llevar a cabo todo el proceso de selección de los posibles candidatos para esta elección extraordinaria que está prevista para junio de 2025 y llevar a cabo todo un proceso complejísimo por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo esa elección de los juzgadores».
Mariano Calderón.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que existen «muchas preguntas» en este organismo autónomo sobre cómo organizar las elecciones, incluyendo el presupuesto, las campañas, la fiscalización, y el diseño de la boleta.
Calderón opinó que, por ahora, «están delineadas las reglas y los parámetros generales de una forma muy burda», por lo que consideró que la aprobación de la reforma es «un retroceso a la certidumbre jurídica».
«Al condicionar al Poder Judicial y atarlo a vaivenes políticos, a selecciones con criterios políticos, para definir cuáles son los candidatos que en última instancia serán votados en las elecciones generales, sí afecta esa independencia».
Mariano Calderón.
Sin certeza económica
Tras aprobarse este miércoles en el Senado, la agencia Moody’s, al igual que otros entes financieros internacionales, alertó de que la iniciativa “deteriorará la independencia del Poder Judicial del país”, por lo que “podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México”.
Aún así, López Obrador opinó este jueves que «no es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país» al citar un récord de más de 30.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre del año.
Pero Sofía Ramírez, directora de la asociación económica México, ‘¿Cómo Vamos?’, recordó que las empresas internacionales han anunciado más de 100.000 millones de dólares en inversiones, que ahora tardarán en concretarse en lo que pasa la incertidumbre jurídica.
«Las empresas que ya están aquí, que hicieron ya su inversión, van a buscar que esto funcione de la mejor forma. Sin embargo, vamos a haber perdido mucha de la oportunidad del ‘nearshoring’ (relocalización de empresas), que no va a durar para siempre».
Sofía Ramírez.
La economista citó un informe del Banco Base que estima un impacto de hasta el 1,9 % del producto interior bruto (PIB) por la aprobación de esta reforma, y la que elimina reguladores autónomos de energía, telecomunicaciones y competencia económica, lo que se resentiría desde los primeros meses de la gestión de Sheinbaum.
Se complica la relación con EE.UU.
Sheinbaum también lidiará con la «pausa» que López Obrador declaró en su relación con las embajadas de sus socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por las preocupaciones que despierta la reforma entre inversionistas, indicó William Jensen, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).
«A la futura presidenta le tocará la revisión del T-MEC en 2026 en un momento en el que hay un sentimiento proteccionista en Estados Unidos, por lo que hay presión para que la Casa Blanca exija a México garantizar la certeza jurídica para la inversión estadounidense».
William Jensen.
Mientras se aprobaba la reforma, Sheinbaum se reunió con directivos del banco HSBC y el día siguiente su próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo al sector privado que México seguirá siendo «amigable» con la inversión en Estados Unidos.
Foto de EFE.
